No entendía qué había ocurrido, hasta que descubrí el motivo en uno de los numerosos mensajes en que me compartieron el posteo de una señora al servicio del cartismo que, como quien no quiere la cosa, publicó en su perfil de X un contrato que yo había firmado el año pasado con la organización CIRD.
Me habían solicitado analizar y presentar una exposición en una conferencia sobre el aporte del periodismo de investigación a la democracia, y para asentar luego la ponencia, ampliada y más documentada, en una publicación. Tareas cumplidas con éxito, que me demandaron unos meses, y por las que, como corresponde, me pagaron. Las realicé en mis días y horas libres, y usando parte de mis vacaciones para poder cumplir con el plazo.
Empecé a indagar respecto a por qué estaban compartiendo mis datos personales. Entiéndase: número de teléfono, dirección, email, nombre completo, etc., asentados en el referido contrato privado, que no autoricé que lo hicieran público, porque no corresponde. Y es que la información sobre contratados firmados entre particulares y la información tributaria de estos están amparadas por los artículos 33 y 36 de la Constitución Nacional. Son documentos que deben mantenerse en reserva y solo pueden ser entregados mediando expresa autorización legislativa o judicial.
Varios colegas periodistas y referentes de distintas organizaciones coincidieron en indicarme que era evidente que la flamante Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que se conformó en el Parlamento, había filtrado la información en el afán de instalar el relato de que algunos periodistas estábamos “alquilados” por las organizaciones de la sociedad civil (OSC), a las que meten a todas en una misma bolsa, y acusan de todo y pretenden desacreditar. Supuestamente los periodistas que realizamos algún trabajo para alguna OSC o participamos de algunos de sus programas, estamos instrumentalizados por estas, por eso somos críticos o “adalides de la democracia”. Como si algo tan connatural al periodismo, en un país como Paraguay, requiriera que le paguen a una para denunciar, cuestionar y demostrar cómo se jode a la gente.
Está instalada una corriente que busca satanizar todo lo que implique contribuir al “tesape’a” de la ciudadanía, denunciando y demostrando los daños y el retraso que padecemos la gran mayoría de la población, con el consentimiento de autoridades insensibles y cómplices de cientos de esquemas de corrupción que se perfeccionan en cada institución. Y entre los enemigos de dicha corriente por supuesto que está la prensa, pero esa que es fiel a su propia razón de ser.
Pretender hablar de transparencia pisoteando otros derechos, y difundiendo información dirigida exclusivamente al equipo de propaganda del oficialismo, desacredita la poca credibilidad con la que podía haber contado la nueva CBI o comisión garrote, como se la bautizó.
Sus integrantes tenían la obligación de mantener a resguardo la información personal, como contratos y facturas, amparada por normas constitucionales que protegen la privacidad.
El maestro periodista Alcibiades González Delvalle, quien también fue incorporado a la lista negra de periodistas por haberse involucrado en cursos de periodismo organizados por el CIRD, respondió “me resbala” a la campaña sucia en curso. Y ciertamente es así, salvo porque fuimos víctimas de violación a nuestra privacidad, hecho propiciado desde el poder, lo que es ruin y desmerita cualquier discurso democrático.
