06 abr. 2025

Se cumplen 8 años de la muerte de Rodrigo Quintana y sigue juicio oral

En la madrugada del 1 de abril de 2017, en la sede del PLRA, los policías irrumpieron y mataron de un escopetazo por la espalda al joven. Solo hay un acusado por el crimen en el local partidario.

31337848

Crimen. El dirigente Rodrigo Quintana, tendido en el suelo, tras recibir el mortal escopetazo.

El joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, de 26 años, fue muerto de un escopetazo por la espalda en las primeras horas del 1 de abril de 2017, en los hechos conocidos como el 31M, tras las protestas contra la enmienda constitucional que habilitaba la reelección del entonces presidente Horacio Cartes y el ex presidente Fernando Lugo.

Eran cerca de las 00:22 horas de aquel sábado, cuando los agentes de la Policía irrumpieron en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), sobre la calle Iturbe de Asunción. Ingresaron a los gritos de alto, y luego comenzaron a disparar, por lo que la gente corrió a refugiarse.

Fue en ese momento, según quedó registrado en el circuito cerrado de las cámaras de seguridad del local, que uno de los policías disparó su escopeta y Rodrigo Quintana, dirigente liberal de La Colmena, Paraguarí, cayó abatido.

El joven quedó tendido en el piso boca abajo, totalmente ensangrentado. El agente policial, vestido como antimotines, se acercó, lo tocó con el pie y luego siguió. Horas después se confirmaba la muerte de Quintana, y el país despertaba de la pesadilla.

Era la primera vez que, en plena democracia, la Policía Nacional se atrevió a irrumpir en la sede de un partido político sin orden judicial, algo que no se dio ni siquiera en la época de Stroessner, según algunos liberales.

Juicio oral. A ocho años de los hechos, la Justicia hasta ahora no esclarece el crimen. El principal cuestionamiento es que solo hay un acusado, el suboficial de Policía Gustavo Florentín, sin que hayan investigado quién dio la orden de ingresar al local del PLRA.

Tras innumerables recursos y recusaciones, finalmente inició el juicio oral para el procesado, ante los jueces Lourdes Garcete, Manuel Aguirre y Rossana Maldonado, quienes dispusieron que este jueves 3 de abril, a las 08:00, continuara el juzgamiento público.

Según los fiscales Marlene Ocampos y Hernán Galeano, existen numerosas pruebas que muestran que fue el policía Gustavo Florentín quien disparó un escopetazo con perdigones de plomo contra la humanidad de la víctima.

Ya declararon varios testigos. El viernes pasado lo hizo el ex diputado Eusebio Alvarenga, quien comentó cómo ingresaron los uniformados a la sede partidaria, que ellos tuvieron que ocultarse en el baño con otros jóvenes, donde un policía metió por la puerta de vidrio la punta de su escopeta y efectuó disparos.

El deponente contó cómo luego salieron y quedaron cuerpo a tierra. Ahí vio a Rodrigo Quintana, tendido en un charco de sangre, sin que lo ayudaran. El ex legislador fue uno de los que denunciaron lo ocurrido ante la Fiscalía.

El abogado Ricardo Estigarribia, uno de los defensores de Gustavo Florentín, sostuvo que, hasta ahora, ninguno de los testigos identificó a su defendido como el autor de los disparos.

Además, cuestiona también que su defendido solo tenía un arma que disparaba balines de goma, mientras que el escopetazo que mató a Rodrigo Quintana era de plomo, con lo que niega que haya disparado contra la víctima.

En principio, los jueces tenían en mente que hoy se dictara un veredicto en el juicio oral, pero el sábado no pudo seguir la audiencia porque la Corte dispuso trabajos en las oficinas del Palacio de Justicia.

Al final, el juzgamiento sigue el jueves. Hoy se cumplen ocho años de los hechos, y siguen reclamando justicia.

31337851

Acusado. El policía Gustavo Florentín, único acusado por el crimen, en una de las audiencias.

archivo

Más contenido de esta sección
Los delitos o crímenes ambientales son una manifestación del crimen organizado, explica un experto en el área de las Naciones Unidas. Paraguay todavía tiene el desafío de incluir estos delitos en el Código Penal.
Senadores, junto con abogados, están circularizando un formulario (ver QR) a fin de tener una base de datos de todas las víctimas, y así poder hacerles un seguimiento de sus causas.