La interrupción de la cooperación internacional en materia del combate al narcotráfico no se hizo pública a través de canales oficiales, sino de la publicación de un medio de comunicación. Luego de la confusión, los desmentidos y confusas aclaraciones, finalmente el Gobierno intentó justificar su decisión de finalizar la cooperación con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, con el dudoso argumento de potenciar a la Policía Nacional. Esto es grave y va más allá del mal manejo de las relaciones internacionales.
Según el medio, esto pondría en peligro varias investigaciones de alto nivel, como la búsqueda de Sebastián Marset dentro de A Ultranza Py, uno de los mayores operativos contra el crimen organizados. El Washington Post afirmaba que, desde la Senad, se negaron oficialmente a hacer comentarios sobre la medida tomada, aunque extraoficialmente habrían revelado que “la orden vino de arriba”. Y, al mismo tiempo, fuentes de EEUU manifestaron su “preocupación” por el retiro de la Senad y que no quiera ser parte de “un mecanismo tan exitoso”.
Incluso más allá de la pantomima interpretada en los días posteriores por las autoridades de nuestro país, quienes en un primer momento negaron la información y luego intentaron justificar la decisión tomada, hay varios aspectos que deben ser señalados.
Evidencia un mal manejo de las relaciones internacionales, por un lado, y particularmente en un tema tan sensible como el del narcotráfico. Por el otro, la decisión era, aparentemente, desconocida por el comandante de la Policía Nacional, quien afirmó que se enteró a través de la conferencia de prensa que se realizó para responder la publicación periodística sobre la ruptura del convenio DEA/Senad. Tampoco se puede dejar de lado la confesión hecha por el propio ministro del Interior en conferencia de prensa, respecto de que el narcotráfico ha permeado todas las instituciones.
Es un hecho mencionado por reportes externos que el Paraguay se ha convertido en un importante centro de envíos de cocaína desde Bolivia a Europa, e incluso, como se ha visto en diversos operativos, varios políticos paraguayos estuvieron implicados. Aquí se puede mencionar al senador cartista Erico Galeano, acusado de tener vínculos con el operativo A Ultranza Py, que involucra a Sebastián Marset como cabecilla, y esto lo refería también el artículo del Washington Post. Otro político colorado es el ex diputado Juan Carlos Ozorio, señalado como una persona importante para el ocultamiento de los bienes de la organización de narcotráfico desmantelada durante el operativo A Ultranza Py, a través de la Cooperativa San Cristóbal, de la cual era el titular; el ex diputado colorado está acusado por supuesto tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal. Lamentablemente, la presencia del dinero del crimen organizado y del narcotráfico dentro de nuestra política se fue haciendo más fuerte y más evidente, en un proceso que las instituciones no lo pudieron detener. La fragilidad de nuestras instituciones nos ha llevado a niveles impensados. Según el informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, afirmaba que Paraguay se encuentra entre los cuatro países que lideran el crimen organizado a nivel mundial.
El fracaso del combate al narcotráfico no solo nos posiciona en vergonzosos rangos a nivel mundial, los productos ilegales también circulan libremente por nuestras calles, barrios y ciudades, gracias al microtráfico, creando una población de niños y jóvenes adictos, víctimas ciertamente de la miseria, la pobreza, la falta de oportunidades, y de un Estado ausente, pero sobre todo del narcotráfico.
De frente a estas situaciones se espera del Gobierno mejores decisiones para combatir el flagelo que no solo amenaza a la población, sino que pone en serio peligro nuestra democracia y Estado de derecho.
