Sin una justicia independiente no es posible un Estado de derecho. El remanido recurso de las chicanas sigue siendo eficaz a la hora de extender los plazos judiciales.
Recordemos que el ex diputado Erico Galeano en las últimas elecciones fue electo senador. Un político investigado por presunto lavado de dinero y asociación criminal y, a su vez, gana un escaño en la Cámara de Senadores es una grieta en nuestro sistema. Según el acta de imputación del Ministerio Público, el legislador recibió USD 1 millón para la compra de un inmueble y se presume que ese dinero provendría de actividades ilícitas vinculadas al tráfico internacional de cocaína. El entonces diputado había sido vinculado con el caso A Ultranza por posibles conexiones con lavado de dinero. A esto se llega tras un allanamiento donde se encontró una boleta de la ANDE, a nombre de Erico Galeano. La boleta fue verificada y así se pudo comprobar que dicha propiedad le había pertenecido, pero este no la incluyó en su declaración jurada de bienes cuando asumió como legislador. De acuerdo con las investigaciones, la propiedad sirvió para simular una compraventa, sin dejar constancia de que el verdadero propietario sería Miguel Insfrán, alias Tío Rico, extraditado desde el Brasil y considerado líder de una banda de tráfico internacional de cocaína. La propiedad fue adquirida por el diputado por USD 200.000 y después vendida por USD 1.000.000; la Fiscalía sospecha que el dinero utilizado para la operación provenía del crimen organizado.
El senador cartista, Erico Galeano, recusa ahora al juez del Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, y con ello, logró detener por tercera vez su audiencia de imposición de medidas cautelares. En solo cuatro meses, los abogados defensores de Galeano ya presentaron un total de 11 pedidos; entre recursos, excepciones, acciones de inconstitucionalidad y lo más reciente, la recusación. Desde su imputación el 19 de mayo, la defensa promovió dos recursos de reposición y apelación en subsidio, dos excepciones de inconstitucionalidad, dos recursos de apelación, dos acciones de inconstitucionalidad, dos pedidos de suspensión y una recusación.
Galeano no es el primer legislador que recurre a estos recursos dilatorios. En la última década, diputados, senadores, políticos y funcionarios han logrado alcanzar ciertos niveles de impunidad utilizando este intolerable recurso.
Los ministros de la Corte Suprema son conscientes de esta situación, pero de alguna manera tienen las manos atadas, especialmente porque la conocida como ley antichicanas nunca fue sancionada por el Congreso, una ley que ayudaría a evitar las masivas dilaciones que plantean los abogados. Como había explicado el ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón, con la ley no se podrán en realidad eliminar todas las chicanas, “si no la más recurrente, que es el tema de la recusación sin límite que la ley permite plantear en todas las instancias, “repitiendo argumentos ya expuestos”.
El proyecto se encuentra desde hace cuatro años en la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores, sin ser tratado por los legisladores. Mientras tanto, los casos de corrupción pública siguen prescribiendo. La impunidad que beneficia a políticos y funcionarios investigados por supuestos casos de corrupción es otra de las grietas en nuestro sistema democrático, pues expone claramente el desigual trato que reciben los ciudadanos sin privilegios, por un lado, y los políticos, por el otro. Nuestra justicia ni es eficiente ni tiene prisa cuando se trata de personas procesadas que viven en condiciones precarias, hacinadas en cárceles sin condena. Una justicia parcialista y selectiva no solamente no es aceptable, sino que atenta contra el Estado de derecho.
