Hace ya varios años, la denominada industria del sicariato dejó de ser una problemática de frontera para convertirse en un problema nacional. Como se había advertido, el sicariato viene de la mano del crimen organizado y ambos se retroalimentan. Los crímenes por encargo se extendieron de la frontera al centro, y comenzaron a invadir la cotidianidad del país entero. Este es el momento en el que tanto las autoridades como la sociedad deben dejar de normalizar esta violencia y trabajar para reforzar nuestra institucionalidad.
En la última semana, tres ciudades del Paraguay experimentaron casos de homicidio por encargo. Una persona fue víctima de un sicariato en plena vía pública de Capiatá; según la Policía, contaba con antecedentes por tráfico de estupefacientes. Ese mismo día, en pleno centro de Encarnación, un hombre fue baleado en la cabeza cuando abandonaba un edificio y fue interceptado por una motocicleta, cuyos ocupantes aparentemente ya le esperaban. El tercer caso sucedió en Asunción, en el barrio Obrero, cuando un hombre fue atacado a balazos por presuntos sicarios; según el informe policial contaba con antecedentes por homicidio doloso en grado de tentativa.
Como se ve, las acciones del crimen organizado se han extendido a todas las zonas del país. Según la opinión de los expertos, esta conducta de impunidad de los delincuentes para realizar sus acciones violentas en espacios masivos se debería, por un lado, a la tolerancia social y, por otro, a la potencial filtración institucional que permite la impunidad de los actos de los mafiosos. Recordemos en la historia del continente que el sicario es un personaje que se hizo popular en Colombia, en los 80, durante el auge del jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, quien había reclutado un pequeño ejército de jóvenes en los barrios pobres para adoctrinarlos.
En el Paraguay, estos ajusticiamientos a manos de sicarios eran considerados como ajustes de cuentas entre miembros de bandas de delincuentes; también la zona de ocurrencia eran las ciudades fronterizas Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, Bella Vista Norte, Ypehú, Ygatimí, Saltos del Guairá y Ciudad del Este. Lamentablemente, desde hace varios años, esta tendencia ha comenzado a revertirse, pues actualmente otras zonas del país han visto aumentar el sangriento fenómeno. Al extenderse a todo el territorio del país provocan temor, alarma y conmoción en la población, y en estos tiempos complejos que vivimos todos se encuentran potencialmente expuestos al peligro.
Observando este lamentable fenómeno, llama la atención la escasa capacidad de reacción de parte de las fuerzas del orden público, así como la impunidad con que operan los asesinos a sueldo. Considerando que hace un par de años incluso se ha logrado incorporar la figura del sicariato al Código Penal, con penas privativas de libertad de hasta 30 años, todavía no es posible detectar que esto colabore para bajar la tasa de los crímenes, y las muertes causadas por ataques de sicarios.
Estas escenas de violencia pública son, sin duda, alarmantes, pues evidencian que el narco y el crimen organizado no tienen temor alguno ni de la reacción social ni de las autoridades, de lo que se puede deducir un gran nivel de impunidad. Al mismo tiempo, es muy preocupante que como sociedad comencemos a normalizar estas situaciones de violencia, que la población vea en estas acciones incluso una posibilidad de resolver cualquier tipo de problemas, lo que hará sin duda que esto se convierta en una suerte de negocio incluso más allá del crimen organizado.
Otro aspecto que debe llamarnos profundamente a la reflexión es la fragilidad mostrada por las fuerzas de seguridad, lo que a su vez explica la impunidad garantizada por la complicidad de la clase política; esta le abrió las puertas al dinero sucio con el financiamiento de campañas y candidaturas, el pago de favores, aceptando progresivamente su influencia en las decisiones políticas. Ese es el círculo vicioso que debemos romper como desafío.
El Paraguay debe defender su soberanía y el sistema democrático; eso solo será posible con un gran compromiso de autoridades y funcionarios que prioricen el bienestar de la ciudadanía por encima de sus propios mezquinos intereses.
