Katia Monserrath Brítez Torres, de 20 años, llegó a su casa, en Lambaré el domingo temprano en la mañana. En las inmediaciones la esperaba su ex pareja, Osvaldo Zaracho, quien, supuestamente, la habría atropellado varias veces con su vehículo. El atacante también atropelló el vehículo del amigo que había trasladado a la joven a su domicilio. Katia fue arrollada al menos cinco veces y falleció en el hospital. Osvaldo Zaracho, de 21 años, está imputado por presunto feminicidio y se expone a una pena de 30 años de cárcel.
Paraguay cuenta con dos leyes contra la violencia machista y para garantizar el derecho a una vida libre en igualdad, las leyes 1600 y la 5777. Ambas son muy necesarias, sirven para visibilizar los feminicidios y sobre todo para diferenciarlos de otros hechos violentos. Hay avances, pero cuando llega el momento de aplicar el castigo significa que ya es tarde, muy tarde, porque hay una mujer muerta, niños huérfanos y una familia destruida.
En el caso de Katia Brítez, falló el mecanismo de protección de parte del Estado. El supuesto agresor, Osvaldo Zaracho, tenía arresto domiciliario por una causa de violencia familiar contra la misma joven, en febrero había sido imputado por violencia familiar, y con arresto domiciliario. El supuesto asesino de Katia no solo actuó con un alto grado de crueldad sino que, y de acuerdo con el relato de la fiscala del caso, actuó con bastante premeditación, burlando las medidas impuestas por las mismas autoridades.
Este caso remite nuevamente a la aplicación de la ley que establece el uso de dispositivos electrónicos, pulseras o tobilleras, que está en vigencia desde 2017, pero que no ha sido implementada. Las nuevas autoridades aseguran que están trabajando en la reglamentación de esta ley; así como también la reactivación de una Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer, integrada por varios ministerios.
Hoy nuestro país lamenta a su víctima de feminicidio número 25. Pese a nuestra legislación, que establece severos castigos no se ha podido poner freno a esta pandemia; faltan las respuestas. Nuestras autoridades saben que, según una encuesta del INE, el 78,5% de mujeres de 18 años y más han pasado por algún tipo de violencia, al menos una vez a lo largo de su vida. Pero, al mismo tiempo, sus discursos se divorcian de la realidad cuando reducen cada año el presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer.
El esfuerzo por erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, y en general la violencia presente en la sociedad, deberá ser conjunto e involucrar a las instituciones del Estado. Es inaceptable que se motive a las personas que sufren algún tipo de agresión que hagan la denuncia cuando desde las instituciones ni se logran resultados ni son capaces de ofrecer protección real a las víctimas.
Es importante asimismo para la sociedad encontrar espacios para el debate y conocer que, como señalaba la sicóloga Lourdes Ostertag a ÚH, que “Los hombres violentos no son enfermos mentales”, son personas funcionales con la idea de que la mujer es una propiedad y por eso piensan que pueden hacer lo que desean con ellas, pues las consideran una propiedad. El feminicidio responde a una cuestión estructural y cultural, pues vivimos en un sistema que acepta las conductas machistas, subestima y degrada a las mujeres.
Se deberá, pues, reforzar la estrategia y la lucha contra toda forma de violencia en varios frentes: con funcionarios mejor capacitados y estructuras que ofrezcan respuestas más eficientes y, al mismo tiempo, seguir trabajando a nivel de la educación, que es una de las claves para construir una sociedad respetuosa con todos sus miembros y que sea capaz de reconocer a todos como personas con derechos y dignidad.
