Cuando se creó el Fonacide, la intención era lograr una óptima distribución de los recursos provenientes de la venta del excedente energético. El proyecto no solo destinaba la mayor parte de los recursos, el 60%, al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación, sino que además contemplaba el plan Educación 2030, que tiene como principales objetivos la adquisición de una computadora por niño y por docente, y la formación y capacitación constante del docente para el manejo de las nuevas tecnologías aplicables a la educación, entre otras.
Por fin se iba a lograr canalizar en forma legal y organizada el dinero proveniente de Itaipú, que fuera utilizado en forma prebendaria por tantos gobiernos, en un tema fundamental para el país: la educación.
Pero el infortunio sigue enamorado del Paraguay, y quizá por eso nunca faltaron problemas y dificultades en el momento de administrar los fondos.
Hoy, nuevamente, nos enfrentamos a una realidad lamentable pero ya muy conocida: los municipios y las gobernaciones no rinden cuentas del dinero que reciben tanto de los royalties como del Fonacide.
De acuerdo con una publicación de este diario, durante el año 2018 los municipios recibieron cerca de USD 199 millones en concepto de royalties y Fonacide. Sin embargo, municipios y gobernaciones siguen incumpliendo la disposición de informar sobre el uso que hacen de los millonarios recursos. Ciudad del Este, Encarnación y Villarrica son algunas comunas que están en falta.
Según informe de la Contraloría General de la República, en total 65 municipios y dos gobernaciones están en falta y no presentaron la documentación necesaria. El dinero transferido debía ser utilizado para la ejecución de obras viales, construcción y reparación de escuelas y proyectos a favor de las respectivas comunidades.
Sin embargo, lo más triste de esta información es que la situación de precariedad que caracteriza a las instituciones educativas, así como las quejas permanentes de los pobladores, que viven penurias por falta de caminos en buen estado y las condiciones de dejadez de muchas escuelas, no coinciden con los casi 200 millones de dólares que les fueron transferidos a las autoridades municipales, justamente para resolver estos problemas.
Es vergonzoso y se debe poner punto final al despilfarro de los recursos y la falta de transparencia en el uso de los mismos.
Desde la implementación del Fonacide, las municipalidades del país demostraron su incapacidad para administrar correctamente el dinero destinado a mejorar la educación.
No solamente se está echando a perder una conquista como es el dinero pagado por el Brasil como compensación por el uso del excedente de energía de Itaipú, sino que además las autoridades municipales están frustrando el futuro de miles de niños paraguayos que no podrán acceder a una educación pública de calidad.
