La crisis aún no resuelta entre nuestro país y la Argentina entraña numerosas complejidades y diversos factores que deben ser tenidos en cuenta para una precisa aproximación a la situación. Tampoco se debe pasar por alto que el conflicto se generó entre un país que tiene un gobierno que acaba de asumir con otro que en poco más de un mes irá a elecciones. La primera reflexión obligada es que no se puede permitir que intereses particulares desde esta o de la otra orilla intenten obtener algún tipo de ventajas en la particular coyuntura. No se debe perder de vista que la hidrovía es, por encima de todo, un bien común.
Un remolcador de bandera paraguaya fue retenido en Argentina durante diez días, desde el 28 de julio pasado. La retención fue con una orden judicial en la zona portuaria de San Lorenzo, por una supuesta deuda en concepto del polémico peaje impuesto en la hidrovía por el vecino país. El embargo y retención, sin precedentes, fue objeto de protesta por la Cancillería Nacional en defensa del libre tránsito en la Hidrovía Paraná-Paraguay. En el acta consta que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal, a cargo de José Luis Cassinero, ordenó el “embargo e interdicción de salida del buque remolcador de bandera extranjera HB GRUS, de bandera paraguaya, hasta cubrir la suma de USD 4.232 con más el 30% de dicho importe, siempre que no se encuentre cargado y listo para zarpar”. La embarcación había llegado a San Lorenzo, Argentina, para descargar 13.561 toneladas de soja brasileña.
Ante la falta de respuestas y tras una bochornosa situación de afirmaciones y desmentidas después de la visita del presidenciable y actual ministro de Economía argentino, Sergio Massa, con Santiago Peña, el gobierno paraguayo tomó la decisión de aumentar el retiro de energía eléctrica de Yacyretá “para salvar los intereses de Paraguay”. La determinación fue tomada en medio de la tensión por el cobro del peaje en la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Actualmente, la solución a la crisis queda a cargo de una mesa de trabajo, y las autoridades anunciaron que las negociaciones se abrieron con carácter reservado.
Debe quedar claro, por encima de las complejidades coyunturales, que la hidrovía se rige por un tratado de libre navegación, el cual establece la igualdad de condiciones para naves paraguayas y argentinas. Existe además el Acuerdo de Santa Cruz, firmado por la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, que prohíbe acciones unilaterales. El artículo 5 es bastante claro al respecto: Sin previo acuerdo de los países signatarios no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basado únicamente en el hecho de la navegación.
La Hidrovía Paraná-Paraguay es un corredor natural de transporte fluvial que se extiende por más de 3.400 km, a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay, y además de su importancia económica es una de las reservas hídricas más importantes del planeta, con una gran diversidad biológica.
Pero, por encima de todo, debe quedar claro que la hidrovía es un bien común, fundamental para el desarrollo de los países, para las economías y el bienestar de las personas. Para defender este recurso que es de todos se deberá actuar con firmeza siempre, sin renunciar al diálogo y la cooperación.
El gobierno paraguayo debe defender los derechos de la Nación, pero estar muy atento a que no se infiltren intereses particulares en los conflictos. Firmeza no significa actuar con bravuconería, y lo más importante, no tomar decisiones en solitario, pues en la unión está la fortaleza.
