19 sept. 2024

Se debe respetar y promover
la iniciativa ciudadana

Todos los paraguayos tienen derecho a participar de los asuntos públicos, individualmente o a través de sus representantes. La Constitución garantiza que pueden organizarse, y reconoce la libertad de expresión, reunión y asociación. Además y muy importante es que el Estado debe garantizar y hacer viable la participación. Por esto es inadmisible el intento de desprestigiar la actual iniciativa popular denominada Chau nepotismo. Nuestro país necesita precisamente de una ciudadanía activa, un componente fundamental de la democracia.

Frente al masivo apoyo ciudadano a la iniciativa popular Chau nepotismo, que impulsa la presentación de un proyecto de ley que pretende acabar con la práctica del nepotismo y propone hasta cinco años de prisión para las personas involucradas, representantes del bloque colorado cartista no solamente han iniciado un agresivo ataque, sino que además impulsaron una campaña de desprestigio de tal iniciativa.

Chau nepotismo es un proyecto de iniciativa popular que logró recolectar un total de 59.500 firmas electrónicas de ciudadanos, superando ampliamente las 48.000 requeridas para ser presentada al Congreso Nacional.

La propuesta fue lanzada por el ex viceministro de Educación Robert Cano, la ex candidata a diputada Estefanía Careaga, la ex candidata a vicepresidenta Soledad Núñez, el ex senador Raúl Ayala y la activista María Esther Roa. Ahora la propuesta entra en un proceso técnico por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y se espera que el proyecto sea presentado por el máximo organismo electoral al Congreso en los primeros días de marzo, y pueda ser tratado en la primera sesión legislativa tras el receso parlamentario.

Entre otras cosas, el proyecto de ley propone sanciones de hasta cinco años de prisión para las personas involucradas en casos de nepotismo, y también declarar la lista de los parientes, de modo que estos no puedan ser contratados o nombrados directamente en la función pública.

Los intentos por desacreditarla alegaban que fueron incluidos menores, muertos, doble inscripción, “una joda total. (sic)”, como escribió el líder de bancada de Senadores, de Honor Colorado, Basilio Núñez, en sus redes sociales. Olvidó sin embargo que en 2017 protagonizaron el recordado Firmatón, donde la ANR habría falsificado firmas a favor de la enmienda constitucional que pretendía permitir la reelección presidencial. Según la revisión del Tribunal Electoral, encontraron en la planilla pro enmienda un total de 1.142 fallecidos entre los firmantes, que 27.174 personas firmaron dos veces, 296 menores de edad y que 19.498 ni siquiera estaban inscritos en el Registro Electoral.

No obstante, además de la campaña de desprestigio, lo más grave es que los representantes del pueblo están ignorando las inquietudes ciudadanas y por eso para este jueves 15 de febrero tienen previsto el estudio de otro proyecto sobre el nepotismo, presentado por el senador cartista Basilio Núñez, el que además no quiso ceder al pedido de retrasar el estudio de su propuesta para de esta manera ampliar el debate con la iniciativa Chau nepotismo.

El artículo 123 de la Constitución reconoce a los electores el derecho a la iniciativa popular para proponer al Congreso proyectos de ley. La iniciativa popular no es solamente un derecho, sino que en sí mismo es un mecanismo de la democracia participativa. Los paraguayos tienen derecho a participar de los asuntos públicos, así como también a opinar, debatir, y en el caso actual de la iniciativa, tiene derecho a proponer, tanto individual como a través de sus representantes.

No es frecuente que la ciudadanía se exprese, exceptuando su participación política cuando acude a emitir su voto y elegir precisamente a sus autoridades; por eso, las autoridades, los funcionarios y la clase política toda deberían ser más receptivos de los mensajes que le envía la ciudadanía a sus representantes.

En el caso de Chau nepotismo muestra un evidente hartazgo ciudadano ante los abusos en la administración de los recursos del Estado. Las autoridades no deben olvidar que ellos gobiernan en nombre de la gente, y en democracia, la voz del pueblo debe ser escuchada.

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