Con exclusivos beneficios para unos pocos se está preparando un verdadero festín con los recursos del Presupuesto General de Gastos de la Nación 2023. Una vez más, y en plena temporada electoral, que es cuando se exacerban todos los prebendarismos, se gesta un duro golpe al dinero público y a la ciudadanía.
En una bastante dudosa maniobra, que se repite cada año sin que nadie la objete, la Cámara de Diputados dio media sanción a un apartado dentro del PGN 2023; mediante el artículo 62 del proyecto de ley, el Parlamento está excluido de cumplir con la Ley de la Función Pública, normativa que establece que el concurso es la única vía para las promociones de cargo, los contratos y los nombramientos.
Como si esta excepción no fuera suficiente, los legisladores también decidieron exonerarse de tener que cumplir con la Ley de Racionalización del Gasto, con lo cual, solamente ellos podrán contratar a sus hermanos, primos y otros parientes en puestos claves.
Pero los parlamentarios no son los únicos que se van a beneficiar con esos privilegios para el manejo de los recursos públicos. Estos mismos beneficios han sido aprobados también para la Corte Suprema de Justicia, y los organismos auxiliares de la Justicia, como la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Ministerio de la Defensa Pública, entre otros.
La media sanción de Diputados, que excluye a la Corte y al Parlamento de cumplir con las leyes de la Función Pública y la de Racionalización ya se puede notar en el Presupuesto 2023: fueron creados 60 cargos en el TSJE, 96 en Diputados, 130 en la Fiscalía y 348 en la Corte, los que podrán ser ocupados sin la necesidad del concurso público.
De la manera en que fue aprobado por Diputados el dictamen elaborado por la Comisión Bicameral de Presupuesto, se mantiene en 2,3% del PIB el tope del déficit, con lo que el plan de gastos públicos queda con un monto global de G. 105,2 billones (USD 14.835 millones). Sin embargo, los legisladores inflaron la estimación de ingresos tributarios en más de G. 100.000 millones para, principalmente, seguir inflando el gasto salarial, lo cual preocupa al Ministerio de Hacienda, pues esto desfinancia el PGN, pues no hay certeza de que esos recursos adicionales ingresen al Fisco.
Los paraguayos que sostienen la pesada infraestructura del Estado no merecen sufrir estos insultantes abusos, que además provienen precisamente de quienes deberían representar sus inquietudes y necesidades: los parlamentarios. Si el Congreso no representa la voz del pueblo, entonces quién más defenderá sus intereses.
El país todavía está capeando la crisis provocada por el Covid-19 y se suma además otra más reciente que es la de la guerra en Ucrania que provocó la inestabilidad del precio de petróleo, inestabilidad que afecta muy particularmente al Paraguay que, lamentablemente es dependiente de los combustibles derivados del petróleo, aunque sea un importante productor de energía limpia.
Necesitamos más conciencia y mayor compromiso de parte de los legisladores. La sufrida ciudadanía precisa que sus representantes, su Gobierno y su justicia tomen conocimiento de sus necesidades. La gente clama por una salud pública para todos, seguridad, empleo y una educación de calidad. Esas deberían ser las únicas prioridades para quienes gobiernan el país. Es totalmente inaceptable que, mientras la población del país soporta las dificultades y la incertidumbre, sus propios representantes sigan derrochando los recursos públicos.
