Por detrás de Colombia, Paraguay es el país con más víctimas de trata en España y es sabido que los casos más comunes de trata son el trabajo forzado y la explotación sexual. Esta es una lacerante realidad que también está relacionada con la expansión del crimen organizado, la cual encuentra en esta práctica uno de sus negocios ilegales más rentables. Las autoridades deben comprometerse a perfilar políticas públicas contra la trata, asignando recursos con el fin de poder proteger eficientemente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
No caben dudas, pues, considerando la información, de la necesidad y urgencia de instalar un programa nacional que pueda acelerar acciones de combate de la trata y también asegure la atención a las víctimas. De acuerdo con datos del Ministerio Público, entre los años 2019 y 2023 se acumularon 455 causas abiertas por el hecho punible de trata de personas en diferentes zonas del país, y de las 1.239 víctimas asistidas en este periodo de tiempo, la mayoría son mujeres menores de 18 años.
Los registros de la Fiscalía apuntan a que en los departamentos de Alto Paraná y Central se concentran la mayor incidencia de casos y que resulta preocupante la situación del Chaco, zona donde los tratantes explotan a personas, en su mayoría de comunidades indígenas, de todas las edades, bajo la forma de servidumbre por deudas. Se han detectado también casos de trata relacionados con trabajos agropecuarios forzosos y con tráfico de estupefacientes ilícitos en la frontera. Las autoridades de nuestro país deben asumir este problema con la seriedad y el compromiso necesarios. Urge desarrollar programas para la prevención, pero también para la asistencia a las víctimas. Esto es relevante, pues según los datos oficiales, el crimen organizado utiliza la trata de personas, especialmente de mujeres menores de 18 años, mediante engaños relacionados con ofertas falsas de empleo. Vale decir que en su abrumadora expansión, el crimen organizado está sacando provecho de las situaciones de necesidad y precariedad que afectan a una población que padece la falta de oportunidades, particularmente, en países como el nuestro que tienen un elevado nivel de desigualdad.
Es sabido además que actualmente la trata de personas resulta “rentable” al crimen organizado, en ocasiones incluso más que el tráfico de drogas o el tráfico de armas y se considera que la trata se encuentra en el tercer lugar entre los negocios delictivos más rentables. Globalmente, el 70% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, y tres de cada cuatro fueron objeto de explotación sexual.
La trata de personas es el proceso por el cual se somete y mantiene a un individuo en una situación de explotación con ánimo de extraer de él un beneficio económico, puede suponer un desplazamiento transfronterizo y puede tener lugar dentro del mismo país. Todas las personas pueden potencialmente ser objeto de la trata, hombres, mujeres y niños, para diversos fines, trabajo forzoso y explotación laboral en fábricas, granjas o domicilios particulares; y también explotación sexual y el matrimonio forzado.
Este es un fenómeno que va en crecimiento, los grupos delictivos están usando todas las herramientas a su alcance para captar nuevas víctimas. Por ese motivo, es necesario promover y enfatizar las campañas de prevención y advertir con mensajes informativos y que también sensibilicen. Esto es, porque el crimen organizado utiliza las nuevas tecnologías para captar víctimas a través de internet con estafas, fraudes cibernéticos, robos de datos personales, y otros.
La trata de personas es mucho más que un crimen, es un hecho inmoral que supone la apropiación de la persona, y el robo de su dignidad, su humanidad y sus derechos.
