Ya no cabe duda de que nuestras autoridades electas están absolutamente embriagadas de poder, y han perdido la capacidad de escuchar las críticas y los reclamos de la población. A diario, los medios de comunicación y redes sociales se hacen eco de los reclamos por la falta de insulina o medicamentos para los enfermos de cáncer en el sector público. El almuerzo escolar, la bandera de este gobierno a través de Hambre Cero, quedó en vanas promesas y los niños pobres que acuden a las escuelas públicas sin los alimentos. La situación de inseguridad es muy grave, pues prácticamente se ha normalizado la violencia urbana que sufre la población, una situación que sin duda sobrepasa las capacidades de la Policía, que nada hace para proteger a la gente de la acción de los motochorros y otros delincuentes.
La Radio Monumental 1080 desveló en las últimas horas un nuevo escándalo de supuesto planillerismo. Blanca Fernández Baruja, prima del ministro Juan Carlos Baruja, era funcionaria de la Cámara de Diputados desde el año 2013, pero no acudía a su lugar de trabajo, sino que se dedicaba a atender su local comercial en la ciudad de Paraguarí. Esto fue revelado cuando se acudió al local comercial y en pleno horario de trabajo los clientes eran atendidos por la funcionaria de Diputados. Al final, la funcionaria –que percibía un salario mensual de G. 4.500.000– presentó su renuncia en una carta dirigida a Raúl Latorre, titular de la Cámara Baja, quien aceptó su renuncia.
Paralelamente y a puertas cerradas, los parlamentarios estarían modificando el proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, para sumar más privilegios. El aumento pretendido y que fácilmente podrían aprobar, considerando que el Partido Colorado tiene mayoría, consiste en un aumento de G. 5 millones en sus ingresos mensuales. Si el Senado aprueba este nuevo privilegio, de ganar G. 32.774.840, los parlamentarios pasarán a cobrar G. 37.775.840 en el año 2025.
Diputados y senadores viven en un país de maravillas, mientras que los trabajadores paraguayos ganan un salario mínimo de G. 2.798.309 y el último aumento que recibieron apenas llegó a G. 107.627, en el pasado mes de julio.
Además del aumento que se estarían autoadjudicando, también van a incluir el privilegio de los vuelos de avión en primera clase, un privilegio que se había suspendido en tiempos de la pandemia que los parlamentarios lo volvieron a incluir. Muy lejos del objetivo de austeridad para destinar los recursos a sectores que verdaderamente lo necesitan, los pasajes aéreos internacionales para el traslado de funcionarios del Estado ya no serán en clase económica para el presidente y vicepresidente de la República, ministros de la Corte, parlamentarios y titulares de entes estatales. Vale recordar el más reciente tour parlamentario que fue a los Estados Unidos a “observar” las elecciones de aquel país y que incluyó paseos de lujo financiados con los recursos del Estado.
Como colofón se suma la ampliación recientemente anunciada por el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, quien confirmó que el edificio del Congreso será refaccionado y que construirán nuevas oficinas, además del reacondicionamiento de la fachada del edificio. Estas obras tendrán un costo de G. 3.600 millones.
La población del país vive una situación precaria, y debe hacer grandes esfuerzos para asumir la pesada carga de sostener con sus impuestos las instituciones y sus funcionarios, necesita por lo tanto ver coherencia y compromiso de parte de su clase política. Paraguay necesita que sus autoridades recuperen la integridad, honestidad y decencia, y se dediquen a su principal tarea que es servir al pueblo que lo ha elegido.
