EFE, AFP, AP y REUTERS
CARACAS, VENEZUELA
El Estado venezolano, a más de iniciar una nueva investigación oficial, notificó a la televisora privada Globovisión sobre un ajuste a la multa por impuestos impagos, cuyo monto pasó de 2,32 millones de dólares a 4,18 millones de dólares.
La directiva del canal indicó que el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat) le notificó el aumento de la multa, luego que sus representantes pidieran las planillas para el pago de la cifra inicial.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppSegún Globlovisión, el Seniat duplicó la sanción con base en un ajuste del cálculo para los tributos nacionales.
Horas antes, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) habían notificado a la televisora la apertura de un procedimiento penal que implicaría la suspensión de la concesión de transmisión por señal libre de televisión.
El martes, dirigentes de partidos y organizaciones civiles de oposición acudieron al Banco Venezolano de Crédito a depositar los fondos recaudados, el pasado fin de semana, en una colecta pública nacional para ayudar a Globovisión a pagar la primera multa.
“GLOBOPOTAZO”. Los organizadores de la colecta, llamada “Globopotazo”, se abstuvieron de indicar la cifra recaudada y precisaron que todavía hay personas que acuden al banco a colaborar para reunir los 2,32 millones de dólares de la multa inicial.
El Seniat impuso la multa al canal por una supuesta falta de pago de impuestos por mensajes transmitidos a fines de 2002, durante un paro general de dos meses, para exigir la salida de Hugo Chávez de la Presidencia de Venezuela.
Según la directiva de Globovisión, se trató de espacios donados a grupos civiles, en una época en que la tensión política redujo los negocios publicitarios en todos los medios privados de comu-nicación.
“OBSTRUCCIÓN”. Por otra parte, la Fiscalía venezolana imputó a una abogada de Globovisión por presunta “obstaculización” a la Justicia durante un allanamiento a una residencia del director-propietario de la cadena privada opositora, Guillermo Zuloaga.
El Ministerio Público imputó a la abogada Perla Jaimes porque “según se pudo apreciar en las imágenes de televisión” transmitidas el pasado 21 de mayo había “personas (...) dificultando” el proceso de revisión judicial de la residencia, indicó un comunicado oficial.
Por su parte, Jaimes declaró brevemente a la prensa a su salida de la Fiscalía que era “la primera profesional del derecho imputada por ejercer su trabajo”. El allanamiento a la residencia de Zuloaga, el pasado 21 de mayo, en busca de más de una veintena de autos nuevos aparcados en el lugar, devino en las acusaciones de retención “irregular” de vehículos y “daños ambientales” contra el presidente de Globovisión.
La cadena de noticias está amenazada de cierre por el Gobierno, que la ha acusado de “terrorismo mediático” y de “envenenar la mente” de su audiencia, mientras que Globovisión asevera que solo refleja la “realidad” del país.
El director del canal, Federico Ravell, rechaza la posición oficial y dice que las emisiones reflejan las quejas de los ciudadano venezolanos.
PATRIA POTESTAD
El ministro venezolano de Educación, Héctor Navarro, denunció ayer una campaña destinada a “desestabilizar” el Gobierno del presidente Hugo Chávez, haciendo creer a los ciudadanos que el Ejecutivo va a quitarles la patria potestad de sus hijos.
“Estamos ante una nueva operación Peter Pan”, afirmó Navarro, al hacer referencia a una campaña similar que tuvo como objetivo a Cuba en los años 60, cuando miles de familias enviaron sus hijos a EEUU creyendo que la revolución triunfante en 1959 les iba a quitar la patria potestad.
“En el caso de Cuba, el objetivo era desestabilizar la revolución cubana para derrocar a Fidel Castro. En el caso de Venezuela, el objetivo tampoco son los niños, sino quitarle respaldo y estabilidad política al Gobierno de Hugo Chávez”, advirtió el ministro venezolano. Navarro formuló esta advertencia refiriéndose a una “falsa campaña” que circula por Internet, denominada “Vienen por nuestros hijos”, y que atribuye al Gobierno de Chávez la intención de asumir la patria potestad de los niños mayores de tres años, mediante un proyecto de reforma de la ley Orgánica de Educación.