Luego de que el equipo de fiscales que investiga la denuncia contra el senador Martín Arévalo haya allanado las casas de dos funcionarios de Aduanas, hasta el momento no hay mayores detalles en el caso. Por otro lado, todavía no fue designado fiscal en la denuncia presentada por el legislador contra el titular de Aduanas, Julio Fernández.
Luego de una semana marcada por el cruce de acusaciones entre Fernández y Arévalo, la Fiscalía tuvo unos días en silencio sobre la investigación, sin mayores diligencias.
Los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce allanaron hace unas semanas las casas de Roberto Luis Pereira y de Miguel Medina –funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas–, quienes fueron mencionados en los mensajes presentados por el titular del ente aduanero.
Según estos mensajes, Arévalo solicitó a Fernández que Medina y Pereira sean designados en puestos claves.
El director le había dicho que no le conocía a uno de los funcionarios y que no podía nombrarle administrador, sin embargo, el senador invita a conocerle. “Y no podés recibirle, así le conocés, un buen señor es”, dice en el captura del WhatsApp presentada como prueba.
La denuncia que se hizo fue por tráfico de influencias. También presentó a la Fiscalía que el senador tenía vínculos con una carga incautada como contrabando, ya que pidió que sea liberada. Tiempo después, esas mercaderías fueron robadas.
TESTIFICALES. Tanto Fernández como otros funcionarios habían sido convocados ya a declarar, como la administradora de Paksa, María Guadalupe Ruiz Campos; y la jefa del departamento de representación fiscal de la dirección jurídica, Selva Sirlene Corina Decoud. También fueron llamados Gisselle Lampert, directora jurídica; y Luciano Flor, jefe de Departamento de Sumarios.
DENUNCIA DE SENADOR. Como un fuego cruzado, también el legislador denunció a Julio Fernández por lesión de confianza, sin embargo, el caso todavía no cuenta con fiscal.
El legislador presentó el documento donde expresa que las mercaderías robadas del depósito Gical de Aduanas, en Mariano Roque Alonso, no tenía seguro contra hurto, robo o secuestros y que Fernández debe hacerse responsable, por “no brindar seguridad”.
Continuando con el ping pong de denuncias, Fernández remató hace unos días, en su descargo ante el Senado, que hay un enredo de “importadores, funcionarios, despachantes, y siempre hay un padrino político”.
CAUSA DE CARGA ROBADA. Por otra parte, también está la investigación por la carga de mercaderías informáticas robadas el 2020, que luego de un año a cargo de la fiscala Nohelia Naumann, pasó nuevamente el caso a la Fiscalía General, sin procesados.