La inflación se ubicó en 3,7%; sin embargo, la de alimentos es de más del doble con el 7,3%. Este puede que sea uno de los indicadores más importantes actualmente. Un reciente informe internacional señala que Paraguay está entre los 10 países más afectados por el aumento de precios de los alimentos, lo que muestra la débil relación entre el crecimiento del PIB y su base en la producción agrícola y la oferta de alimentos provenientes de ese mismo sector.
A nivel macroeconómico sobresalimos, pero cuando se trata de la calidad de vida de la población nos encontramos ante un escenario totalmente distinto, ya que ese crecimiento no produce una oferta de alimentos suficientes para la población de manera a garantizar precios acordes con el nivel de ingresos de los consumidores y justos para los productores.
El exitoso crecimiento del PIB tampoco está generando los empleos formales que necesita la población en edad de trabajar y, especialmente, la juventud, ni los ingresos tributarios suficientes para financiar educación y salud de calidad.
Hasta el Fondo Monetario Internacional le dice a Paraguay en un informe publicado esta semana que “mejorar la movilización de ingresos internos debería ser una prioridad clave dada la baja relación impuestos/PIB en Paraguay, las considerables brechas de desarrollo y la necesidad de reconstituir colchones fiscales en presencia de shocks recurrentes y riesgos fiscales”.
Unos meses atrás, esta misma institución le señalaba al gobierno la necesidad de implementar una estrategia de crecimiento inclusivo que priorice la reducción de la informalidad, la mejora de la gobernanza y la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres.
El crecimiento poco inclusivo hizo que la pobreza se haya mantenido casi estable en los últimos años, mientras que los ingresos laborales reales se vienen deteriorando debido a la inflación. Si a los bajos ingresos familiares se agrega la falta de servicios básicos de calidad como la salud, la educación, el agua potable, la energía eléctrica y el transporte público nos encontramos ante una situación de enorme precariedad y vulnerabilidad económica de los hogares, con elevado endeudamiento y gasto de bolsillo en servicios que debieran ser gratuitos como la salud y la educación.
Si comparamos cualquiera de los múltiples índices de desarrollo, Paraguay se encuentra entre los 10 países de América de menor nivel, lo que nos debe llamar aún más a la reflexión. ¿Cómo es posible que con tanta riqueza económica no sea posible garantizar una calidad de vida al menos en el promedio de la región?
El combate frontal a la corrupción y al narcotráfico también deben estar en el centro de su preocupación, ya que además de sus consecuencias en el ámbito político, debilitando las instituciones y la gobernabilidad tienen un fuerte impacto a nivel microeconómico, impidiendo el desarrollo de emprendimientos productivos legales.
Esperemos que el discurso presidencial reconozca al menos los aspectos más lacerantes que afectan a las familias paraguayas y se comprometa a tomar las decisiones e implementar las políticas necesarias para cambiar esta situación. Pero ese compromiso no debe ser solo discursivo. Debe dar señales claras de que buscará mejorar la situación de la mayoría de los paraguayos.
