El juicio, que deberá prolongarse durante más de una sesión, es de extrema complejidad jurídica y hasta política, pues puede suponer la libertad de una decena de empresarios y políticos condenados por la operación Lava Jato contra la corrupción, que para muchos de los brasileños permitió castigar por primera vez a los poderosos.
Las 3 demandas esgrimen el artículo 5 de la Constitución, según el cual nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado, lo que significa que la condena solo es firme cuando concluye todo el proceso de apelaciones, que la ley brasileña permite llevar ante tres tribunales superiores tras la condena en primera instancia.
Sin embargo, una jurisprudencia adoptada en 2016 por la Corte Suprema, ratificada en 2018 en una ajustada votación que acabó 6-5, permite que una sentencia empiece a ejecutarse una vez ratificada en segunda instancia. Esa decisión se justificó en su momento en el hecho de que en los dos procesos de apelaciones que restan a partir de esa fase no se juzga ya el mérito de la acusación, sino solamente asuntos formales que difícilmente modificarían la sentencia.
En el caso de Lula, en prisión desde abril de 2018 y condenado a 8 años y 10 meses por corrupción, la pena ya fue ratificada en tercera instancia, pero la ley aún le reserva una última apelación ante el Supremo, que todavía no decidió sobre el asunto.
Según cálculos del Consejo Nacional de Justicia, en una situación similar y con posibilidades de apelar a tribunales superiores están unos 190.000 de los casi 800.000 presidiarios que hay en el país, que pudieran beneficiarse de un cambio en la jurisprudencia adoptada en 2016.
El presidente del Supremo, José Antonio Dias Toffoli, adelantó ya su intención de proponer una alteración, la cual permitiría que una persona vaya a prisión solo tras la condena en tercera instancia. Si esa tesis convence a la mayoría de los otros 10 miembros del tribunal, Lula seguiría en prisión y debería esperar a que la propia Corte Suprema juzgue su última apelación.
Bolsonaro ataca los DDHH, según HRW
El presidente Jair Bolsonaro está atacando frontalmente los derechos humanos en Brasil con su política de seguridad y de medio ambiente, denunció ayer el director de la oenegé Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth. El mandatario alienta a la policía a usar la fuerza letal sin adecuada justificación; ha intentado debilitar el poder de la sociedad civil y de los medios; ha atacado a los defensores de la selva, dado luz verde a la tala ilegal en la Amazonia y ha socavado los esfuerzos para combatir la tortura, dijo Roth.
