El anuncio de los cartistas de que buscarán revertir la aprobación del proyecto de ley de expropiación de cerca de 1.500 hectáreas a favor del Indert, movilizó a los proyectistas de la normativa aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados.
Los liberales Pastor Vera Bejarano y Andrés Rojas Feris llegaron ayer a la sede parlamentaria acompañados por un grupo de campesinos, que forman parte de las 150 familias que serían beneficiadas si se concreta la expropiación.
Las tierras pertenecen a la Finca 398, ubicada en la localidad de Tacuatí, Departamento de San Pedro, y en las mismas está asentada la estancia Alegría, que pertenece a la Agroganadera Willersinn, del alemán Herber Willersinn, instalados desde 1982.
El gremio de la producción y varios diputados se pronunciaron en contra de la expropiación, alegando que es una confiscación a unas tierras bien explotadas.
Los campesinos y los proyectistas se reunieron ayer con la mesa directiva y líderes de bancadas, en donde solicitaron que no se revoque la media sanción.
En conferencia de prensa expresaron que no se trata de una cuestión ilegal o inconstitucional lo aprobado por la plenaria y que hace 11 años vienen gestionando para obtener un pedazo de tierra.
“Esto no es un proyecto de confiscación como se pretende instalar, todo está legalmente establecido. Las comisiones están legalizadas, tiene dictamen y se han arrimado documentaciones a la Dirección de Catastro, Registro de la Propiedad y, la Cámara de Diputados, en uso de sus atribuciones, ha dado la media sanción”, puntualizó Vera.
Indicó que la propiedad de la que se busca expropiar 1.500 ha., tiene un total de 40.000 hectáreas y que actualmente tiene muy baja producción y que para esa cantidad de tierra no emplea a más de 40 personas. “Ese inmueble tiene una bajísima función social”, acotó.
Señaló que según los indicadores de Gini, Paraguay tiene la inequidad perfecta en cuanto a tenencia de la tierra a nivel mundial, ya que en manos de unos pocos está el 93,7% de las tierras cultivables en nuestro país. “29 millones de hectáreas están en manos de alrededor del 3% de la población; el 6,3%, que representa 1 millón 960 mil hectáreas, está en manos de la agricultura familiar”, remarcó.
El legislador expresó que es una cuestión de Estado y se tiene que poner en la agenda pública el problema de la tierra. Destacó que las 150 familias que serán favorecidas en ningún momento invadieron dichas tierras y más bien buscan los recaudos legales para acceder a ella.
ENGAÑADOS. Germán Caballero, uno de los campesinos presentes en la Cámara dijo que hace 11 años se les viene engañando y que ahora que tienen la posibilidad que consigan su tierra propia se quiere rever lo aprobado por Diputados. Sostuvo que es muy fácil hablar estando en Asunción, sin ir a ver la realidad que tienen en la zona de San Pedro y que no se puede decir que faltan documentos, cuando facilitaron todos los papeles de las gestiones que vienen realizando desde hace 11 años.
Dijo que los diputados proyectistas vieron la necesidad que tienen en el departamento y buscaron una solución al problema. “Pedimos que no se les marque a nuestros diputados. Nadie quiere morir de hambre, todos queremos trabajar, comer y vivir bien. Antes estas tierras servían, pero ahora máximo se benefician 30 personas y no hay servicio social para nadie. Es muy poco lo que estábamos pidiendo”, aseveró.
“Antes estas tierras servían, pero ahora máximo se benefician unas 30 personas y no hay servicio social para nadie”. Germán Caballero, campesino.
“Este no es un proyecto de confiscación como se pretende instalar. Todo está legalmente establecido”. Pastor Vera B., diputado PLRA.
Dos de los campesinos casi quedaron detenidos
Sebastián Alfonso Martínez, concejal municipal de Tacuatí (Unace), y Miguel Agüero, dos de los campesinos que conformaron la delegación que llegó ayer hasta Diputados en representación de las 150 familias que serían beneficiadas con la expropiación aprobada la semana pasada, estuvieron a un paso de ser detenidos en la sede parlamentaria.
En la entrada principal de la Cámara Baja cuentan con un sistema de control de la Policía y por medio de la cédula de identidad constataron que ambas personas contaban con medidas de prisión domiciliaria.
Agüero señaló que quedaron imputados el año pasado, cuando realizaron una invasión, pero que en mayo ya se levantó la orden de arresto.
Alfonso explicó que les tomó por sorpresa el hecho que haya saltado sus nombres en el sistema y que evidentemente se debió a una falta de comunicación del juez que estuvo a cargo del proceso.
Dijo que fue imputado porque el año pasado estuvo acompañando a organizaciones campesinas.
La policía señaló que en el Departamento de Informática no se finiquitó el proceso y por eso saltó que contaban con arresto domiciliario.
Explicó que no fueron detenidos porque el control se hizo de manera rápida una vez se saltó que estaban con medidas cautelares.
