08 jul. 2025

Se reaviva el debate sobre legalidad de la aplicación del juicio político

Mientras los luguistas sienten que la CIDH les da la razón, los senadores de otros partidos defienden la facultad de ambas cámaras del Congreso sobre la polémica figura constitucional.

En el Senado se escucharon diferentes posturas sobre la admisión en la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de la demanda de Fernando Lugo por su destitución, vía juicio político, por el Congreso.

El dictamen a favor de ex ministros de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos Bonifacio Ríos Ávalos, y este primer paso en el caso del ex mandatario reavivan el debate sobre la aplicación del polémico artículo constitucional.

“Creo que recién es incipiente”, acotó el liberal Enrique Buzarquis. “El juicio político, en este caso, sea quien sea, como dice su nombre, es un juicio político, no jurídico”, sostuvo.

No obstante, considera que está de acuerdo con la eventual reglamentación del procedimiento “para que todo quede claro”.

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“Con esto se demuestra que se violentó el estado de derecho”, remarcó el senador luguista Sixto Pereira.

“No había razones políticas, económicas, en Paraguay no hubo desestabilización”, manifestó el parlamentario.

“Acá hubo intereses superiores de grandes grupos económicos, los que tienen la concentración de tierras, la soja, ganadería”, aseguró.

El senador de Hagamos Gilberto Apuril indicó que hay que estar atentos al juicio que va a empezar, y los alegatos. “Desde un punto de vista legal, no tan formal, quizá sea injusto para un presidente que se lo remueva por un juicio político”, manifestó.

A criterio del luguista Hugo Richer, es un paso importante, y no solamente una reivindicación para su colega del mismo equipo político.

Trajo a colación todo el proceso de la transición, luego de la dictadura stronista, y el hecho de haber derrotado al Partido Colorado.

Stephan Rasmussen, de Patria Querida, opinó que la Constitución es clara, y que se puede estar de acuerdo o no a nivel nacional o internacional.

Refirió que Lugo tampoco debió ser senador activo, porque como tal vuelve a estar en la línea de sucesión.

“No pasa por una reivindicación real, sino por estar en la noticia y tener rédito electoral”, sentenció.

El senador colorado Martín Arévalo también hizo hincapié en que se trata de una facultad del Congreso “para destituir a los presidentes que incurran en mal desempeño de sus funciones”.


Hay que aclarar que el juicio político, en este caso, sea quien sea, como dice su nombre es político, no jurídico.
Enrique Buzarquis,
PLRA.

Se les asesinó, se les mató a compatriotas policías y campesinos para instalar un juicio político exprés.
Sixto Pereira,
FG.

El procedimiento, malo o bueno, con críticas o no en el procedimiento, es el que está establecido en la Constitución.
Gilberto Apuril,
Hagamos.

Fue grande el daño que se hizo. Creo que es una reparación a los proyectos democráticos de la región.
Hugo Richer,
FG.

Que un ex presidente le demande al Estado me parece que es una acción netamente electoral.
Stephan Rasmussen,
PPQ.

Es una facultad del Congreso para destituir a presidentes que incurran en mal desempeño en sus funciones.
Martín Arévalo,
ANR.