Por segunda vez suspenden el juicio oral y público que enfrenta el senador electo Rafael Mbururu Esquivel, debido a que su abogado defensor, Roberto Lezcano, alegó padecer un cuadro de influenza, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.
En la primera ocasión, la audiencia preliminar se pospuso porque Esquivel alegó tener gastroenteritis, enfermedad que fue constatada por un médico forense que se constituyó en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.
Nota relacionada: Mbururu alega enfermedad y suspenden juicio por coacción y robo en CDE
El caso por invasión al inmueble ajeno ocurrió en octubre del 2019 en la estancia La Sonrisa, en el kilómetro 7, barrio Don Bosco de Ciudad del Este, a la orilla del río Acaray.
De acuerdo con la investigación, Mbururu instaba a ingresar a la propiedad de 25 hectáreas, por un supuesto remanente, lo que fue efectivo en el 2019 con unas 15 personas con machetes e incluso escopetas y elementos que llevaron para quedarse en el lugar.
También habrían golpeado y despojado de tres celulares a los propietarios del inmueble.
Los otros procesados por el caso son Roberto Prieto Sosa, Hipólito Romero, Óscar Cano Duarte y Óscar Daniel Guillén Martínez (fallecido en prisión) y Nelson Cano Duarte. Los hermanos Cano Duarte tienen orden de captura porque es la segunda vez que no se presentaron para el juicio oral.
Otras causas
El senador electo también está procesado por el presunto abuso sexual a una niña de 12 años, que fue sometida con el consentimiento de su madre, quien también está en prisión por proxenetismo.
La agente fiscal Vivian Coronel sostuvo que cuentan con todos los elementos para conseguir una condena que puede ir hasta 15 años de cárcel.
También puede leer: Mbururu Esquivel: El senador electo con un prontuario que genera repudio
Otra causa pendiente es por estupro, porque tenía como pareja a una adolescente de 15 años. El hecho fue denunciado por la madre.
También tiene pendiente un caso registrado en el distrito de Itakyry, en el cual se les involucra a indígenas de la comunidad Avá Guaraní, quienes también están recluidos. Se lo acusa de lesión grave, toma de rehenes, asociación criminal, tentativa de homicidio, coacción sexual y robo agravado en banda.
En esta causa, su abogado solicitó la suspensión de la ejecución a la prisión preventiva, que fue rechazada por la jueza penal de Garantías Jorgelina Melgarejo Vera.