“Creo que eso corresponde pagar, porque eso está establecido en los contratos. Vos sabés que al ser contratista el Estado, hay responsabilidades que asumen ambas partes. Por un lado, el Estado y también el contratista; vale decir, de ambos lados hay penalidades en el caso de que no se cumpla con los términos del contrato”, explicó Ferreira.
Añadió que si la empresa constructora no realiza la obra, por ejemplo, le es exigida una póliza; es decir, el cumplimiento del contrato, y hay penalidades establecidas que castigan en cierta manera a la empresa que no cumpla.
“Pero por el otro lado, si el Estado es el que no cumple con los pagos en fecha, también está establecido un interés. Porque qué ocurre, la empresa, para poder hacer la obra, invierte capital, se endeuda con proveedores, asume compromisos con sus trabajadores y entonces necesita recibir el pago en fecha”, indicó el analista.
En este sentido, en el caso de que las contratistas no reciban ese pago, y hay que considerar que el atraso ha sido de más de dos años, entonces eso les genera “serios inconvenientes a las empresas porque estas se ven obligadas a endeudarse, para de alguna manera seguir operando mientras esperan el pago del Estado”, agregó. “Y luego por ese endeudamiento incurren en un sobrecosto, que son los intereses”, recalcó Ferreira.
Insistió que, en consecuencia, corresponde el pago, que es contractual, por lo menos para resarcir esos intereses que las empresas se han visto obligadas a asumir con los bancos, para poder a su vez financiar la espera al Estado que se ha atrasado.
“Por otro lado, creo que tampoco corresponde que el Estado ponga dudas, digamos, sobre la correspondencia de pagar esto, dado que es contractual. Ahí también se involucra un tema de seguridad jurídica, el Estado tiene que cumplir los compromisos establecidos en los contratos, más allá de que hayan sido firmados por la administración anterior. El argumento de que esto es algo de la administración anterior y, por ende, nos desentendemos del tema, creo que es muy grave. La señal que transmite al mundo es que el Estado paraguayo es poco serio, si es que se plantea ese argumento”, reflexionó.
Contractual. “Acá no hay mucho que analizar, hay un contrato firmado, está establecido ese interés moratorio por atraso en los pagos. El Estado se ha atrasado y por ende corresponde pagar. Las empresas están muy afectadas, necesitan realmente ese cobro. Y bueno, es lo que corresponde”, agregó. Desconocer el compromiso financiero, buscar darle vueltas, formas de no pagar, “transmite una señal incorrecta de inseguridad jurídica en nuestro país”, añadió.
Además, Ferreira subrayó que esta situación va de contramano a un país que alcanzó el grado de inversión de Moody’s y que pretende proyectarse.
“Si ni siquiera con las empresas locales se cumple, imaginate empresas internacionales que estén mirando Paraguay y observando esto de que el Estado paraguayo se desentiende de sus compromisos. Es una señal muy incorrecta, en el sentido contrario a lo que Paraguay necesita”, advirtió.
Otros gremios como la Cámara Paraguaya de Distribuidores de Materiales de Construcción (Cadimaco), la Cámara Paraguaya del Acero (Capac) y la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons), también han cuestionado la falta de pago del Estado, “y tienen toda la razón”, según Ferreira.
“Han sido muy afectados por un Estado que no ha cumplido sus compromisos. También es la prueba de la inseguridad jurídica que se da muchas veces en el país”, dijo.
