Vivimos tiempos de transparencia y a pesar de leyes establecidas, gobiernos y gobernantes todavía creen que la opacidad es la norma donde se nutre la corrupción, el crimen y la venalidad. La respuesta del BCP al pedido de los miembros del Congreso en torno a varios temas que van desde el lavado de activos, el pago privilegiado en una financiera quebrada y varias otras cuestiones consideradas parapetadas en el secreto bancario han abierto una caja de pandora en torno al manejo cómplice del Estado, sus funcionarios y lo que en otros países lo denominan crímenes. El informe borrado groseramente en varias páginas sin embargo rescata algunos elementos que muestran porqué el Banco Central guardó bajo siete llaves cuestiones gravísimas en el manejo de activos.
Con la firma del presidente de la época Fernández Valdovinos, los miembros de su consejo directivo y la de su concuñado Gustale entre otros autorizaron el pago privilegiado de 4 millones de dólares a Ramón González Daher en la intervención de la financiera Ara por sobre los límites que establece el fondo de garantías de 150 millones de guaraníes aproximadamente. En el futuro, tus ahorros en riesgo pueden perderse porque un amigo en el BCP saca una resolución ilegal que privilegia a un pillo por sobre otros. Nunca quisieron soltar este documento, pero la exigencia de los senadores y la persistencia de algunos medios de comunicación hicieron posible que sepamos quienes avalaron el pago a un condenado por usura, lavado de activos y otros delitos similares. Nos falta saber por qué lo hicieron y a qué cuentas de González Daher fueron los montos. Ahora queda iniciarles un proceso a todos y en especial a Fernández Valdovinos quien tiene la obligación de contar quien le ordenó violar la ley en este caso y quien sabe en cuantos otros casos similares que acabaron con su nombramiento “agradecido por los servicios prestados” de director en el cuestionado Banco Basa de propiedad de Cartes. Este debe ser un caso paradigmático para hacer lo que en inglés dicen cuando de investigar un delito se trata: “Follow the money” (persigue el rastro del dinero). Veremos cómo la Fiscalía rentada evita una investigación sobre el tema pero finalmente no hará otra cosas que posponer al siguiente gobierno la tarea de hacer Justicia en este y otros casos similares.
Otros nombres como Juan Gustale, concuñado de Fernández Valdovinos y que luego de los escándalos fue premiado como miembro del director del Banco Nacional de Fomento por recomendación del hermano del presidente: El ex ministro de Hacienda Benigno López, es también un hilo del que habría que estirar. Muchos de los involucrados en el pago privilegiado e ilegal a González Daher hoy cumplen funciones en bancos y financieras sobre los cuales extienden un manto de sospecha por su comportamiento apartado de las normas en el manejo de la entidad matriz de la banca local. Mantenerlos en sus cargos estimula la complicidad de esas empresas con las cuestiones turbias a las que el sistema financiero debería ser reactivo y repelente.
Hasta los bancos suizos levantaron el secreto bancario en varios temas en los últimos años y tuvieron que hacerlo para mantener su estatus de confianza en un mundo que ha cambiado. Nosotros tardamos 22 años en reglamentar el artículo 28 de la Constitución Nacional donde se garantiza el acceso a las fuentes públicas como una garantía de la libre expresión. Esta semana un decreto del gobierno se sostuvo en esa ley el manejo de la información referida a los costos de los combustibles poniéndola en mayúsculas. Los del BCP borraron groseramente varios datos en el informe al congreso sosteniendo un concepto perimido, obsoleto y turbio.
No solo los alumnos de la Universidad de Chicago de Fernández Valdovinos merecen conocer quién es el que les está enseñando la manera como no deben administrarse las cuestiones públicas sino que es esa misma institución la que debe apartar de su seno a quien violando normas –por mandatos de no sabemos quién– ha permitido privilegiar a un usurero y lavador de activos en el cobro privilegiado e ilegal de 4 millones de dólares cuando solo debiera haber recibido 150 millones de guaraníes. La transparencia ha tumbado parcialmente un secreto a voces y ahora deben venir las sanciones ejemplares.
