Estos jubilados se desmarcaron así del comunicado difundido días pasados por la propia directiva de la Caja, en el que otros grupos y movimientos de jubilados afirmaron apoyar la subasta de las 25 propiedades, anunciada hace dos meses por el Consejo de Administración.
Galeano afirmó que el Movimiento Interinstitucional que ella encabeza y del que también forma parte Soler, junto a la facción a la que pertenece Tuma, denominada Facu, cuentan con el apoyo del 90% de los jubilados municipales para las elecciones de autoridades de esta institución, que debió realizarse en este mes de marzo, pero que fue suspendida por segunda vez, a pedido de los actuales miembros administrativos de la Caja Municipal.
Sin garantías. Tanto Galeano, como Soler y Tuma cuestionaron la venta de las 25 propiedades, propulsada por Venancio Díaz, actual presidente de la Caja, cuyo mandato, de hecho, feneció en diciembre pasado, y pusieron en duda la legalidad de la subasta de inmuebles. “Cómo alguien que fue vicepresidente de la Caja Municipal durante la gestión de los que vaciaron sus arcas, va a vender las propiedades”, cuestionaron.
“Nosotros no podemos avalar estas ventas, siendo que estas mismas personas que están ahora al frente son las que malversaron los fondos de nuestra Caja y se comieron todo el dinero de nuestras jubilaciones, nuestras reservas matemáticas, dilapidaron casi todos los inmuebles y estos últimos que nos quedan, que pueden ser un aval para el que presida la Caja cuando los que están ahora se vayan, pero resulta que quieren vender lo poco que nos resta”, cuestionó Galeano.
Tuma expresó, al mismo tiempo, que la Caja Municipal contaba con una reserva técnica de alrededor de 1.000 propiedades, que ya se perdió casi al completo, y de las que solo restan alrededor de 50, “con las que también quieren acabar”, aseveró.
Juez y parte. “¿Qué hizo en todo este tiempo Venancio Díaz? Nada. Y este señor estuvo también en el Consejo de Administración anterior y tampoco hizo nada. Luego lo nombran presidente, de un plumazo, cayendo en paracaídas. Él alega que le puso el presidente Santiago Peña y el ministro Carlos Fernández, y había prometido que en tres meses se regularizaría todo y que a partir de marzo del año pasado íbamos a cobrar todos normalmente”, reclamó Tuma.