La Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento fundamental en la historia de los derechos, cumple 76 años. Su origen se encuentra precisamente en el menosprecio de los derechos humanos, que causaron abominables actos de barbarie, y precisamente para preservar la dignidad y la libertad de toda la familia humana. Por eso, cada 10 de diciembre se recuerda el Día Internacional de los Derechos Humanos; es una jornada en la que se debería reflexionar sobre las muchas deudas pendientes para su vigencia total en nuestro país.
Para Paraguay, que ha vivido 35 años de dictadura autoritaria, el día en que se recuerda la proclamación de la Declaración Universal debe ser motivo de reflexión. La dictadura de Alfredo Stroessner nos legó una carga, que hasta estos días constituye un obstáculo para la democracia.
En su primer artículo, la Declaración proclama: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Nuestra propia Constitución Nacional en su artículo 4 establece que el derecho a la vida es “inherente a la persona humana, y que se garantiza su protección, en general, desde la concepción”.
Debemos resaltar el fundamental derecho a la vida, y a que cada vida sea vivida con dignidad. Esto es que cada paraguayo pueda tener acceso a salud, educación, empleo y seguridad; acceso a servicios públicos eficientes que le den calidad de vida, que cada ciudadano pueda forjar una vida con bienestar con su familia, una vida con seguridad en una comunidad. Como dice el artículo 3 de la Declaración: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
En el Paraguay enfrentamos numerosos desafíos. Uno de ellos es la pobreza y la falta de acceso a la educación y la falta de una salud pública universal; la población debe recurrir a rifas y polladas para costear tratamientos. Tampoco debemos olvidar a las comunidades indígenas, históricamente relegadas, que luchan por su subsistencia, lejos de los centros de poder, como los pueblos del Chaco, que reclaman la provisión de agua potable sin que sus demandas sean escuchadas. A todo esto se suma una grave amenaza a nuestra democracia, la corrupción y, su hermana, la impunidad; detrás de ellas vienen la mafia, el narcotráfico y el crimen organizado que inficionan las instituciones. Son peligros para la vigencia de los derechos y también para el sistema democrático. Paraguay no puede permitirse el regreso a un sistema autoritario.
En este Día de los Derechos Humanos es oportuno recordar a los más de veinte periodistas paraguayos asesinados, cuya integridad y trabajo en un ambiente seguro debería estar garantizado por el Estado, pues como señala el artículo 19 de la Declaración: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Otro peligro es el abuso de poder por parte de instituciones que tienen la función de proteger la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas, como el caso de un hincha de un club que fue agredido arbitrariamente por un casco azul. Y, finalmente se debe mencionar la promulgación de la ley de transparencia de las organizaciones sin fines de lucro, conocida como ley garrote o de control a las oenegés, pese a los cuestionamientos de la sociedad civil y las advertencias internacionales.
