El denominado Operativo Dignidad, llevado a cabo por integrantes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, logró desarticular una red de tráfico de drogas que actuaba en la zona Norte de la Región Oriental del país, principalmente en la colonia José Félix López, más conocida como Puentesiño, y en Yby Yaú, ambas localidades del Departamento de Concepción, muy cercanas a la frontera con el Brasil, procediendo al arresto de nueve agentes policiales, entre ellos altos jefes de comisarías.
Los responsables del procedimiento informaron que los policías, en lugar de combatir el narcotráfico en los territorios que estaban obligados a proteger, cobraban mensualmente sumas de dinero a los mafiosos, no solo a cambio de no decomisar los cargamentos que se recibían en las pistas clandestinas de aviación de la zona, sino que incluso les brindaban protección policial para que puedan operar libremente y distribuir las drogas con toda facilidad.
En los casos en que se ponían en marcha algunos procedimientos oficiales para intentar cazar a los narcotraficantes, los agentes y los propios jefes de comisarías de Pedro Juan Caballero, Concepción, Yby Yaú, Puentesiño o San Carlos del Apa, alertaban rápidamente a los criminales para que se pongan a salvo, evitando que puedan ser sorprendidos y detenidos. Esta es la lamentable realidad de corrupción y abierta complicidad con el crimen organizado que corroe desde hace tiempo a la Policía y a otros organismos del Estado, incluidos el propio Ministerio Público, el Poder Judicial, estructuras del Gobierno Central y gobiernos locales, dejando a la ciudadanía con total falta de protección ante la delincuencia y la violencia criminal.
El operativo Dignidad ha sido un buen y eficiente trabajo desplegado por la Senad y algunos fiscales, pero resulta insuficiente ante la dimensión del problema. No hay que olvidar que hay altos referentes de la clase política, principalmente legisladores que siguen en funciones, sobre quienes pesan fuertes acusaciones de ser parte de la narcopolítica, pero siguen operando con total impunidad, sin que se haya avanzado en las investigaciones. Por el contrario, muchos de ellos aparecen en actos oficiales, fotografiados con el presidente de la República y dan la impresión de que resultan intocables, aunque el propio jefe de Estado haya prometido que seguirá la guerra sin cuartel contra el narcotráfico y el crimen organizado, reiterando la conocida frase de “caiga quien caiga”, que para muchos sectores de la ciudadanía actualmente suena hueca y vacía.
La tarea de limpiar los organismos del Estado de delincuentes debe proseguir a niveles más profundos. Solamente así la gente podrá crear que estos golpes esporádicos contra narcopolicías y contra estructura de la mafia no son simple hechos aislados, que no alteran la situación de fondo. El Paraguay merece librarse de tanta corrupción, criminalidad e impunidad.