El documento ingresado en el Ministerio Público se basa en el informe de la Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid-19 (CESC) y parcialmente lo que determinó la Contraloría General de la República.
La denuncia ingresó como causa penal y en ella el ministro cuenta es cómo se fue dando el negocio con las empresas Imedic y Eurotec y que a partir de ahí y a través de esa información pudieron concluir la rescisión del contrato porque no cumplían con las especificaciones, señaló Legal.
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designó que los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Diego Arzamendia para la investigación correspondiente.
Además, la Fiscalía unificó esta causa con la denuncia presentada por nueve diputados nacionales hace una semana, por las irregularidades encontradas.
