Así lo aseguró Víctor Ríos, ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), alegando que la Sala Constitucional no dictó ninguna medida cautelar que prohíba a la CGR auditar Itaipú.
En otras palabras, aclaró que la Sala Constitucional no prohibió a la Contraloría auditar las compras de dicha entidad binacional. “Mañana (por hoy lunes) pueden entrar a hacer”, sostuvo con relación a una posible auditoría.
Versión Contraloría. Desde la Contraloría alegaban que ambas binacionales impugnaron vía acción de inconstitucionalidad la Ley 6763/21 que “Dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de la entidad binacional Itaipú”.
Según Darío Ortega, director jurídico de la CGR, la Corte había dictado el AI (auto interlocutorio) 40/22 ordenando la suspensión de los efectos de esta ley.
No obstante, Ríos, prácticamente, desmintió estas afirmaciones alegando que no existe ninguna medida cautelar que suspenda los efectos de la Ley 6763/21.
Ortega respondió a Última Hora a inicios del mes que solamente si el presidente de la República, Santiago Peña, o el titular de Itaipú, Justo Zacarías Irún, daban su visto bueno la CGR podría llevar adelante una fiscalización.
Polémicas compras. Con lo expuesto por el ministro Ríos, la CGR ya podría auditar las polémicas compras de entidades binacionales.
La más reciente fue la adquisición de 328.687 muebles escolares de origen chino por G. 238.714.954.290 (USD 32 millones al cambio de diciembre del 2024, mes que se produjo la adjudicación).
Justamente, la firma adjudicada fue la empresa nacional Kamamya SA o Qin Yi América SA, cuyo principal accionista es Long Jiang. Esta empresa se encuentra importando las estructuras metálicas para la fabricación de estos muebles desde China. Se cuestiona esta licitación por presunto direccionamiento a favor de la citada firma.
Se habían dado a conocer documentaciones que revelaron un presunto negociado en la compra de pupitres. Una de estas trataba sobre documentos aduaneros sobre la firma adjudicada, que ya importó al país estructuras metálicas, el 21 de noviembre del año pasado, cuando la publicación del llamado recién se produjo el 29 del mismo mes, ocho días después de la importación. Supuestamente, esta empresa ya contaba con los materiales para la fabricación de los pupitres antes siquiera de que la Itaipú publique el pedido, por lo que se presume que se habría accedido a información privilegiada, en torno a la licitación. Además del direccionamiento, también se menciona una supuesta sobrefacturación. En otras documentaciones presentadas por Kamamya SA a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) se observa que cada juego de mueble escolar tuvo un costo de USD 15 (G. 119.850 al cambio de ese momento). No obstante, la binacional pagó entre G. 820.000 y G. 850.000 cada juego de pupitre (USD 103 a 106).
