La denuncia fue formulada por un grupo de socios de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional, por el desvío de los cobros de las deudas, las demandas hechas por créditos ya cancelados, entre otros. Se habla de un perjuicio patrimonial a la entidad de G. 5.541.026.492, así como del daño a los socios.
A más del juez de Paz, también están imputados sus actuarias Gloria Isabel Morínigo Gill, de 53 años, y Rosa del Pilar Lezcano Correa, de 46 años. Asimismo, la ujier notificadora del Juzgado, Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg, de 33 años.
La imputación también es contra Arnaldo Rafael Maciel Riveros, ex presidente de la asociación; Wilma Mercedes Cabrera, ex tesorera; Blas Emilio Mora Jiménez y Pedro Adolfo Olmedo Caro, todos de la citada asociación.
Igualmente, fueron imputados Gustavo Adolfo Díaz Cardozo, presidente y gerente general de la firma Serfin SA; Gustavo Omar Cartes Araújo, titular de la empresa Presto SA, y María Belén Cartes Berino, directora titular de la firma Presto SA.
La fiscala Caballero señala que contra los directivos y empresarios, los cargos son por supuesta apropiación, lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y producción de documentos no auténticos.
Respecto al juez, se habla de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, mientras que respecto a los actuarios y la ujier, por producción de documentos públicos de contenido falso y producción de documentos no auténticos.
Imputación. Según la agente, la denuncia fue presentada el 8 de marzo de 2023, por supuesta estafa, lesión de confianza y apropiación indebida por los socios Estela Miranda, Javier Delgado, Milciades Colmán, Blanca Mello, Andrea Souza, María Arce y Mirna Sánchez.
Dice la imputación que los socios alegan que les descontaron de sus salarios para el pago de deudas de distintas casas de créditos, pero que ese dinero no fue destinado a la cancelación de los préstamos.
Además, dicen que desaparecieron sus aportes, a más de que luego fueron demandados ante el Juzgado de Paz de Recoleta, donde sin ser notificados, recibieron embargos de sus salarios, que eran por las deudas ya canceladas.
La fiscala señaló que tras la investigación, también incluyó al juzgado de Paz, donde descubrió que también hubo notificaciones falsas, que fueron usadas por el magistrado para los embargos ilegales.
Pide el proceso, y la aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva de los imputados.
La ex jueza de Paz de San Roque, Liliana González de Bristot, tiene medidas alternativas a la prisión preventiva, según resolvió ayer el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, que interina a su colega Humberto Otazú en el caso de la mafia de los pagarés. La ex magistrada se presentó con su abogado Mario Elizeche, que no se opusieron a la diligencia. Ofreció un inmueble valuado en G. 800 millones. Al final, el juez concedió la libertad ambulatoria, prohibición de cambiar de domicilio, de celular y de salir del país. Además, debe comparecer de forma trimestral en el Juzgado entre el 1 y 10 del mes, además de tener una fianza real de G. 200 millones, conforme dispuso Estigarribia.
