El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dio primeramente detalles del protocolo de seguridad básica aplicado para la seguridad de fiscales a nivel regional.
También habló que hoy el crimen organizado está en nuestros patios. “Indudablemente (el crimen del fiscal Marcelo Pecci) es una espina clavada, no solamente en el corazón del Ministerio Público paraguayo, esto es de connotación internacional”, dijo.
Aseguró que el caso sirve de mecanismo de lucha. “La cooperación es determinante en esto y estamos en el camino ideal”, expuso.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppPor su parte, el fiscal adjunto Augusto Salas aseguró que hay preocupación de la seguridad de sus colegas. “No solamente los fiscales de unidades sensibles: Narcotráfico, anticorrupción, sino todos los fiscales que ejercen su labor en toda la República, todos estamos expuestos”, sostuvo.
Explicó que desde el año 2000 hasta hoy “se viene sufriendo amedrentamientos, agresiones verbales y físicas y hemos llegado a la muerte de nuestro compañero Marcelo Pecci”, dijo.
RECUENTO DE CASOS. De parte de los jueces, el camarista Delio Vera reconoció que Paraguay está atravesando momentos difíciles en materia de seguridad.
“El crimen organizado, incluyendo narcotráfico, corrupción y delincuencia transnacional, explosiona y se expande en toda la región... Estamos compelidos a brindar verdadera protección integral de operados judiciales, porque un juez amenazado se encuentra con la dificultad de ejercer sus funciones”, dijo.
Recordó a la jueza en lo Civil de Hernandarias, Diana Mereles, “quien encontró la muerte en su propio despacho”, y pidió un minuto de silencio. “Las amenazas de muerte se han repetido en diferentes zonas del país, en áreas fronterizas, Alto Paraná, Encarnación, Itapúa, Canindeyú y tampoco puedo descartar ciudad capital”, sostuvo.
HOJA DE RUTA. El evento, realizado paralelamente a la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) – fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y la Asociación Ibero Americana de Ministerio Públicos (Aiamp).
Se busca a partir de ahora desarrollar una hoja de ruta regional de recomendaciones para proteger la integridad física de jueces y fiscales y asegurar el desempeño de funciones sin temor a represalias.
