seguridad jurídica
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, señaló que el proyecto de Ley antichicanas fue mal interpretado, a la par de hablar sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y la seguridad jurídica del país.
El martes pasado participé del Primer Congreso Paraguayo de Investigadores y Hacedores de Políticas Públicas, organizado por el Ministerio de Hacienda con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Un excelente evento que tuvo como participantes a economistas de primer nivel internacional, incluyendo a un reciente premio nobel.
La corrupción y la ineficiencia del sector público pueden tener múltiples formas. Una de ellas es la denominada “puerta giratoria” o también llamada “circulación público-privada”, a través de la cual autoridades, gerentes o trabajadores provenientes del sector privado entran al sector público o viceversa. Este tránsito genera riesgos, pues pueden beneficiar a un sector o en el peor de los casos a su propia empresa y cuando salen se van con información privilegiada, que atenta contra los principios de la libre competencia. Paraguay necesita regular y penalizar con fuerza este problema cada vez más visible y problemático.
El presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo, aseguró que el impacto de la ley que criminaliza las invasiones sería mínimo para las comunidades indígenas. Aseguró que, incluso, la normativa dotará de seguridad jurídica a las tierras de varias comunidades.
Los inversores argentinos compran siete de cada 10 departamentos que se venden en Paraguay, según un medio argentino. La razón, se debería a la estabilidad de la moneda, una baja inflación y seguridad jurídica, además de créditos a largo plazo, según Alfredo Rilla, uno de los inversores.
El embajador de Italia en Paraguay, Gabriele Annis, considera que las oportunidades de negocio del país sudamericano deben observarse desde una doble perspectiva, con una mirada en la estabilidad macroeconómica y otra en su participación en el Mercosur.
Funcionarios judiciales exigen desde hace siete días que la Corte Suprema de Justicia revea la decisión de aplicar descuentos a los funcionarios que participaron de la huelga en el mes de abril. Los sindicalistas continuarán con la medida de fuerza hasta la próxima semana.
Funcionarios del Poder Judicial volvieron a realizar una vigilia, este viernes, dentro de la sede de la Corte Suprema de Justicia. La medida busca exigir seguridad jurídica ante los descuentos salariales establecidos por ausencias en días de huelga.