El trabajo de IDEA fue de chequeo de las bases de datos de los beneficiarios del programa de asistencia del Gobierno para personas sin recursos durante esta pandemia por el coronavirus (Covid-19), y cruzarlo con las bases de datos de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública (SFP) donde se encuentran las listas de los funcionarios públicos activos. El hallazgo arrojó en principio una lista de 121 trabajadores del Estado, la cual fue reportada a la Senac para su correspondiente chequeo, y de este último trabajo se concluyó que son un total de 98 personas las que efectivamente están involucradas supuestamente en el cobro irregular del citado subsidio.
El informe indica que podría haber más funcionarios públicos cobrando el subsidio de G. 500.000 para personas en situación de pobreza y desempleo, considerando que un 43% de los organismos y entidades del Estado no están al día con la entrega de sus datos a la SFP.