La Senac elaboró un informe sobre la situación actual de las denuncias elaboradas ante la institución en el marco de supuestos malos usos de los fondos para combatir la pandemia de coronavirus y mitigar el impacto socioeconómico durante la actual cuarentena vigente.
La última denuncia presentada por la Senac ante el Ministerio Público tuvo que ver con la investigación realizada por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (Idea), que identificó 121 funcionarios públicos que cobraron dinero del subsidio Ñangareko, de los cuales 98 casos fueron confirmados por la Senac.
Portal. El informe de la Senac detalla que recibió a través de su Portal de Denuncias Anticorrupción un total de 203 denuncias relacionadas al programa Pytyvõ, las cuales fueron asignadas a la Unidad de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Hacienda.
En cuanto al programa Ñangareko, en total la Senac recibió 140 denuncias, las cuales fueron asignadas a la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
Detalla además que existen dos denuncias que fueron asignadas al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y otras 35 denuncias fueron autoasignadas a la Senac, las que se encuentran con diligencias en trámite.
Se realizaron 24 desestimaciones a falta de datos indispensables para asignar a la autoridad correspondiente o iniciar una investigación preliminar, según explica el informe de la Senac.
Fiscalía. Respecto a los casos ya presentados al Ministerio Público tras constatarse el supuesto ilícito, la Senac informó que presentó 13 denuncias el pasado 8 de mayo, por los supuestos hechos punibles de estafa, declaración falsa y adquisición fraudulenta de subvenciones, relacionados al programa denominado “Apoyo para la seguridad alimentaria - Ñangareko”.
El 21 de mayo presentó 3 denuncias por la supuesta comisión del hecho punible de estafa respecto a llamadas y mensajes extorsivos, y la última denuncia fue presentada el pasado 28 de mayo, la relacionada a los 98 casos hallados por IDEA, también por los supuestos hechos punibles de estafa, declaración falsa y adquisición fraudulenta de subvenciones, relacionados al programa “Apoyo para la seguridad alimentaria -Ñangareko”.
