Alberga a presos y detenidos, pero no es una prisión ni un centro de detención. Sus agentes especiales usan la fuerza, realizan controles y aprehenden a sospechosos, pero ellos no son miembros de ninguna fuerza pública. Tampoco tienen un manual de uso de la fuerza. Las actuaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) están regidas por un vacío legal y esto es avalado por jueces y fiscales, advirtió el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Creada en 1991 bajo el gobierno de Andrés Rodríguez y con un presupuesto para el 2016 de más de 50.000 millones de guaraníes, la Senad actualmente opera con más de 200 agentes especiales, cargo para el cual hoy en día los aspirantes deben concursar y pasar por un proceso de formación de diez meses.
En ese sentido, la Ley 108, que creó la Senad, simplemente señala que su función es la de “coordinar las acciones entre los entes gubernamentales que trabajan en programas de lucha contra el narcotráfico y la drogadicción”.
El Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP) realizó en el 2014 un informe en el cual detallaron cuáles son las leyes y artículos constitucionales que son violados por esta secretaría antidrogas.
El principal cuestionamiento es que la Constitución Nacional establece que exclusivamente policías y militares pueden ser considerados como fuerza pública. Al no ser fuerza pública, la institución no puede “hacer uso legal y legítimo de la fuerza” en nombre del Estado, según el informe.
CÁRCEL. Diana Vargas, comisionada del MNP, señaló que la base de la Senad en Asunción no solo funciona como un centro de detención de personas, sino también recluye a procesados y hasta a algunos condenados.
“No está regulado en absoluto. La Senad en realidad es un órgano rector de políticas públicas en materia de lucha contra las drogas. Al ser un centro de detención que no es legal, escapa de todos los controles, porque la Policía, a pesar de su mal funcionamiento, tiene reguladas sus funciones”, cuestionó Vargas.
Sobre el punto, recordó la muerte de un bebé de 25 días, en mayo del 2013 que fue llevado con su madre detenida a la base de la Senad. “Esposaron a la madre a un banco de madera porque no tienen celdas sexadas, ni para adolescentes”, contó. El Mecanismo denunció que no existe una sola norma jurídica que habilite a la Senad a albergar a detenidos o presos.
USO DE LA FUERZA. “La Policía Nacional tiene el manual de uso de la fuerza que está vigente y su incumplimiento es una falta grave. En cambio, la Senad, al no ser fuerza pública, ni siquiera tienen mínimamente reglamentado esto”, advirtió Vargas y criticó la falta de transparencia sobre diversos aspectos en la institución.
Con respecto al uso de armas indicó que si bien la ley de armas menciona como un órgano de defensa y seguridad del Estado, ni siquiera la misma ley de creación de la Senad ni el Código Procesal Penal ni otra norma hablan de esto. Además, la ley dice que cada institución regulará el uso de armas de sus efectivos, pero la Senad tampoco hizo esto.
