Los senadores aprobaron con modificaciones el proyecto que modifica la ley electoral y que da potestad a la Justicia Electoral a percibir un monto por las faltas electorales, que será aplicada a las personas que no hagan uso de su derecho consagrado por la Constitución nacional de votar.
La normativa señala que será el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional el que tendrá la atribución de multar a las personas que no acudan a las urnas a votar en jornadas de elección.
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El senador proyectista Enrique Riera, explicó que la normativa pretende establecer como multa medio jornal mínimo, que corresponde a G. 40.000 y que, en tanto dure el incumplimiento del pago, las personas no podrán realizar diversos trámites. Sostuvo que se está completando un artículo para dar efectividad a lo que ya está establecido en la ley.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppRiera había señalado anteriormente que se vio en varias ocasiones el descontento de los jóvenes con hechos de violencia irracional y que el lugar donde deben manifestar su enojo con las autoridades es en las urnas, además de señalar que la participación ciudadana en las elecciones de Paraguay es baja.
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Las personas que no realicen el pago de la multa podrán ser suspendidas de algunos trámites públicos, como el de pasaportes y ante tributación, como también transferencias condicionadas ante registros públicos, entre otros.
El senador Abel González (PLRA) expresó que con la iniciativa se busca que el ciudadano cumpla con su obligación de votar de modo a que tenga legitimidad su reclamo posterior a las autoridades. Algunos consideraron desmedidas las sanciones por no votar, entre ellas la senadora Desirée Masi, quien dijo que no estará de acuerdo con el proyecto hasta tanto se excluya lo del pasaporte.
La propuesta de ley será remitida a la Cámara Baja, para que sea analizada, según informó el Senado.
Si bien, muchas personas no acuden a votar, esto se debe no solo a la falta de compromiso ciudadano, sino también a la falta de renovación de las figuras políticas, que vuelven a ocupar los cargos públicos por varios periodos consecutivos, algunos de ellos incluso investigados por la Justicia.
El hartazgo de la clase política y la corrupción se vio reflejado en multitudinarias manifestaciones en los últimos años, las cuales derivaron incluso en la quema de una parte del Congreso nacional y de un local del Partido Colorado.
