La propuesta de normativa establece la posibilidad de cancelar la licencia de explotación a las empresas de transporte público metropolitano que realicen reguladas en sus itinerarios o no cumplan con el servicio.
El proyecto de ley también conocido como “anti chantaje” fue aprobado por los votos de 37 senadores.
Tras su aprobación por el pleno del Senado, el proyecto de ley será remitido a la Cámara de Diputados para su estudio.
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El documento que consta de siete artículos dispone como causales de sanción el hecho de que la empresa deje “unilateralmente” de prestar el servicio acordado en concesión y no regularice su servicio en las 24 horas, de recibir una intimación de los organismos de control.
Las empresas cuyas licencias sean canceladas, además no podrán participar de nuevas licitaciones de itinerarios por un plazo de 10 años.
Asimismo, se señala que la empresa que no cuente en sus buses con elevadores o rampas de acceso para personas con discapacidad física, cuanto menos en 50% de su flota, no tendrá derecho a percibir algún tipo de subsidio por parte del Estado.
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El proyecto de ley también estipula una sanción penal para los empresarios que extorsionen o amenacen a los organismos del Estado con relación a sus servicios. Este hecho es punible y se considera de coacción y perturbación.
La propuesta fue presentada por el senador por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Enrique Salyn Buzarquis.
Este planteamiento se da en medio de las quejas de usuarios del transporte público por la realización de reguladas por parte de varias firmas prestadoras del servicio, ocasionando largas esperas en las paradas y aglomeraciones en plena pandemia.
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Por su parte, los gremios de empresarios aseguran que las firmas no realizaron regulada alguna. Los permisionarios exigen la suba del pasaje ante el incremento de los precios de combustibles.