Los senadores dieron media sanción ayer a la modificación del artículo 104 de la Constitución Nacional, por la cual se establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de funcionarios públicos.
Además, se estipula la publicidad de la documentación, y finalmente se decidió excluir de la normativa a los empresarios de medios.
Un extenso debate se desarrolló en torno a este proyecto de ley que había sido aprobado en general el jueves pasado, y tuvieron que tratarlo punto por punto, ayer.
Uno de los cuestionamientos que se dieron tenía que ver con una nota del presidente de la Corte, Raúl Torres Kirmser, quien abiertamente anunciaba su rechazo.
Varios senadores, entre ellos el proyectista Paraguayo Cubas y Desirée Masi, criticaron la injerencia del Poder Judicial en un debate legislativo. Hasta advirtieron que podría ser causal de juicio político.
Una de las primeras modificaciones que se sugirieron fue volver a cambiar el acápite del proyecto, que incluía a los que tengan trato con el Estado. Además, se decidió mantener lo que establece la Constitución Nacional respecto a los plazos para la presentación de las declaraciones juradas, que son 15 días después de asumir en el cargo, y 15 días después de dejarlo.
Se instaló una discusión porque algunos senadores, entre ellos el liberal Fernando Silva Facetti, recomendaron que se omita la parte de activos y pasivos, lo que le valió el mote de “mequetrefe” por parte de un ofuscado Payo.
En cuanto a la publicidad de la documentación, en principio se planteaba que sea en tres días luego de su presentación, pero finalmente se aprobó que sean 15 días más.
El cartista Sergio Godoy se mantuvo en que se tenía que incluir a los empresarios de medios, con el argumento de que la corrupción no era monopolio de la función pública. Sin embargo, el criterio que primó fue que la ley se podría atacar de inconstitucional, y lo que se dio fue un compromiso para que con otra ley se haga referencia al sector privado.
Un agregado que se incluyó ya en el momento de la discusión es que no se darán a conocer los datos de cualquier laya que afecten a los hijos menores de edad.
INTROMISIÓN. Masi fue la que consultó al plenario quién solicitó un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, lo cual calificó como intromisión.
“Es una clara intromisión del presidente de la Corte en un proceso legislativo. Es inaceptable”, dijo con referencia a la nota de Torres Kirmser.
“Más allá del proyecto en cuestión, desde cuándo un ministro de la Corte se mete en el proceso legislativo. Que se rechace esa nota”, sugirió.
“Alguien que está cometiendo prevaricato, está preopinando por parte de aquellos que no quieren que se publique su declaración”, sentenció Cubas.
El senador del Frente Guasu Carlos Filizzola anunció que su bloque no acompañaría la inclusión del sector privado, alegando que podría plantearse la inconstitucionalidad.
El liberal Abel González participó por primera vez de un debate para manifestar su rechazo al proyecto. “La seguridad de la persona está en riesgo”, fue su excusa.
Víctor Ríos recordó a sus colegas que desde el momento que uno está en la función pública, la ciudadanía tiene derecho a estar informada.
“Disiento no incluir (al sector privado). Eso es pretender que los únicos bandidos en la República del Paraguay somos nosotros”, reclamó Godoy.
Tras la extensa y polémica discusión, finalmente, fue aprobada y ahora pasa a manos de los diputados.
