El proyecto provino del Poder Ejecutivo. El propio presidente Horacio Cartes solicitó al Congreso su tratamiento urgente.
Esta propuesta surge como la “alternativa” al reclamo campesino que provocó una movilización en Asunción que duró 37 días, entre los meses de julio y agosto. El problema planteado por los labriegos fue su incapacidad para pagar deudas agrícolas –tanto en el sector público como el privado– a fin de poder seguir produciendo.
La senadora del Partido Demócrata Progresista (PDP) Desirée Masi fue una de las críticas al proyecto aprobado por los votos de diferentes bancadas.
Cuestionó que el proyecto no cuente con un anexo donde se especifique detalladamente en qué se va a gastar el dinero.
El proyecto con media sanción autoriza la emisión de bonos por USD 40 millones. La mitad de ese dinero se destinaría a la capitalización del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), mientras que el resto se destinaría a una ampliación para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
“Cheque en superblanco es esto. Se tiene que saber en qué va a gastar el MAG”, manifestó la legisladora en la sesión de ayer. Más tarde, a través de su cuenta en Twitter, cuestionó el hecho de que no se cuente con lista de beneficiados y tampoco se especifique el objeto de gasto.
El senador cartista Juan Darío Monges justificó diciendo que la mitad del dinero es para capitalizar la institución que dará créditos a los propios productores morosos, como lo especifica el texto aprobado en otro de sus artículos.
Con respecto al resto del dinero que iría destinado al MAG, explicó que existen mecanismos de asistencia técnica preestablecidos en el documento.
Por su parte, el senador del Frente Guasu Carlos Filizzola recordó que esta propuesta dirigida al sector campesino está incompleta, debido a que solamente contempla la situación de deuda de los agricultores en el sector público, siendo que sus mayores dificultades están en el sector privado. Igualmente, su bancada acompañó el proyecto.
El documento fue remitido a la Cámara de Diputados.
Otros puntos dentro de la propuesta
Los beneficiarios de la ley que cuenta con media sanción deberán ser agricultores con fincas de menos de treinta hectáreas, indica el documento. Además, se contempla la refinanciación de las deudas de los pequeños productores con el CAH, bajo las siguientes condiciones: Hasta 25 salarios mínimos de deuda (G. 51.003.075), quita de interés, plazos de hasta diez años que incluyan dos años de gracia y tasas de interés del 8% anual. Se considerarán las deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2017, y solamente aquellas que hayan sido contraídas para la producción agrícola y las inversiones productivas agropecuarias. Los beneficiarios deberían provenir únicamente de los asientos del Registro Nacional de Beneficiarios (Renabe).