La Cámara de Senadores aprobó un nuevo proyecto de ley que establece un procedimiento para definir la expulsión o no de un parlamentario. El documento pasa ahora la Cámara de Diputados, en tanto que un intento anterior para aprobar la reglamentación había sido vetado por el presidente, Mario Abdo Benítez.
Los senadores aprobaron el artículo 4 del proyecto, que habla de la necesidad de 1/3 de la firma de los miembros de la Cámara para la presentación del pedido de pérdida de investidura.
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“Si no hay 15 senadores que se pongan de acuerdo, las minorías no tienen la posibilidad de pedir la pérdida de investidura y estamos consagrando la voluntad de la mayoría”, expresó el senador colorado Enrique Riera, quien manifestó su férrea oposición a modificar lo que dispone la Constitución Nacional.
Asimismo, en el artículo 8, uno de los más controversiales para la destitución de un senador, se tuvo un empate en la votación a favor de la mayoría simple, propuesta de Desirée Masi, y la otra moción por la mayoría absoluta, de Víctor Ríos, por lo que el punto fue finalmente rechazado y se mantiene la mayoría simple, como establece la Constitución Nacional.
“No sé más qué hacer, ruego reflexionen, en pleno proceso estamos cambiando varios pedidos, estamos pidiendo cosas que la Constitución no dice con una ley que huele a impunidad de acá a Japón”, manifestó Riera, quien se allanó al pedido de Masi, al igual que los colorados Juan Carlos Galaverna, Antonio Barrios y una mayoría del Frente Guasu, así como algunos liberales.
Otro de los puntos cuestionados del proyecto es el artículo 14, que establece que en caso de que no se inicie el proceso en un plazo de cinco meses, la denuncia será archivada con los efectos previstos en el artículo anterior. “Si el proceso fuera iniciado y no concluyera en el plazo de cinco meses contados desde la denuncia, igualmente se extinguirá la causa de pleno derecho con los mismos efectos previstos en el artículo anterior”.
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El artículo 13 menciona que en caso de que no se encuentren fundamentos constitucionales suficientes para la pérdida de investidura, el indiciado conservará su banca y no se le podrá iniciar un nuevo proceso basado en los mismos hechos.
Mociones por el rechazo
El senador Stephan Rasmussen, del Partido Patria Querida (PPQ), fue el primero en pedir el rechazo del proyecto de reglamentación.
“Ya lo aplicamos (Artículo 201) en diferentes escenarios y situación. No es imprescindible ni necesario”, señaló.
Argumentó que en el proyecto se discuten dos puntos principales: si tiene o no una condena judicial. Rasmussen indicó que esto no se menciona, sin embargo es una excusa recurrente para cajonear los pedidos de investidura en los que no hay condena.
El otro punto es la cantidad de votos, donde el senador explicó que en la Constitución no se establece una mayoría calificada; entonces, al no especificarse se establece que la decisión se podrá tomar con una mayoría simple.
“Es justo reconocer que este tipo de reglamentaciones se usan para apañar hechos de corrupción”, apuntó. Agregó que, además, sin importar lo que se apruebe en la fecha, el documento sufriría modificaciones por la Cámara revisora, en este caso la Cámara de Diputados, y que podría sancionarse una ley que no defienda a las minorías.
En el mismo sentido, el colorado independiente Enrique Riera defendió la autonomía de la Cámara de Senadores y dijo que la misma no puede regirse por una ley que se apruebe en Diputados. Riera dijo que es inviable y ligeramente inconstitucional, además de ser incongruente en razones de errores de formas y fondo.
También se pronunció en contra del proyecto el senador Juan Carlos Galaverna, quien insistió en que la Constitución Nacional no puede ser modificada en sus preceptos bajo ninguna ley.
“Es un proyecto enfermo, ruego a Dios que no consagremos al Senado paraguayo como la tropelía. Cambiar una mayoría establecida en la CN por una ley. La violación de la CN es la manera más salvaje de atropellar la institucionalidad”, apeló.
Proyecto es una garantía para llevar el debido proceso
A favor del proyecto estuvo la senadora de Partido Democrático Progresista (PDP), Desirée Masi, quien dijo que le parece “llamativo que cuando las minorías quieren garantías para llevar el debido proceso resulta que es un atropello”.
“Qué llamativo es que no quieran reglamentar el debido proceso. Llamativo con lo que sucede con Celeste Amarilla. Consideramos que hubo un atraco constitucional en el caso de Payo Cubas”, recordó. Afirmó que su banca mantiene la decisión de que es la mayoría simple la que puede expulsar a un miembro.
También habló el senador Fernando Silva Facceti, quien comentó estar a favor de sacar a un parlamentario con una mayoría absoluta de dos tercios.
“Por qué no debe estar en la reglamentación interna y sí en una ley la reglamentación, porque para cambiar la reglamentación solo se necesitan 12 de 23 presentes. Eso quiere decir que para casos particulares se podrá cambiar cada vez que así se desee”, alegó.
