El Senado, con mayoría oficialista, cartista y llanista, decidió dar media sanción ayer al proyecto de ley de reforma tributaria elaborada por el Ejecutivo. El documento pasa ahora a Diputados.
La propuesta remitida por el Gobierno fue aprobada prácticamente a libro cerrado, ya que solo se introdujo un cambio en las excepciones para el impuesto a los dividendos y utilidades (IDU) a favor de las empresas maquiladoras.
Con esto, quedan aprobados los principales cambios planteados al régimen impositivo actual. Entre estos se encuentran: la eliminación de la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) a los agroexportadores; aumentos del 20%, en promedio, en las tasas máximas para las gaseosas, bebidas alcohólicas y tabaco; y la separación de rentas laborales y de capital para la liquidación en el impuesto a la renta personal (IRP).
Además, quedó con media sanción la creación del IDU con tasas del 8 y 15%; unificación del Iragro con el Iracis en el impuesto a la renta empresarial (IRE); y la creación de un régimen simplificado (Resimple) para unipersonales, con montos fijos mensuales.
De esta forma, el pacto abdocartollanista en la Cámara Alta no solo permitió la aprobación del proyecto de reforma a la medida del Ejecutivo, sino que también ignoró el pedido de los gremios empresariales, quienes en varias notas remitidas semanas atrás, habían solicitado incluir la devolución del IVA a las agroindustrias, unificar la liquidación del IRP y eliminar el gravamen a productos con alto contenido calórico, entre otros.
Críticas. Los legisladores de la oposición cuestionaron el pacto entre colorados y un sector del liberalismo para aprobar un proyecto que, según repitieron, carecía de legitimidad.
El senador Hugo Richer (Frente Guasu) criticó la falta de debate con la sociedad y la llamativa celeridad con la que se buscaba aprobar la reforma tributaria. Esta tesis fue apoyada por Amado Florentín (PLRA-efrainista), quien recordó que ni siquiera los gremios que participaron de la Comisión Técnica Tributaria creada por Hacienda estuvieron de acuerdo con la versión final del Gobierno.
A su turno, Stephan Rasmussen (Patria Querida) remarcó que mientras no haya una reforma en el gasto público, cargarle nuevamente al contribuyente no tiene sentido, ya que no se garantiza el uso correcto de los recursos generados por la reforma.
Por estos motivos, los legisladores de la oposición pidieron primero postergar por 90 días el tratamiento del proyecto, de modo a debatirlo más profundamente. Sin embargo, perdieron por la mayoría abdocartollanista. Finalmente, solicitaron rechazar el documento, pero tampoco obtuvieron los votos.
Ya en el estudio de los capítulos en particular, el sector cartista intentó eliminar el Resimple y los aumentos de tasas en el selectivo al consumo para bebidas y tabaco, pero tampoco obtuvo los votos necesarios.