Tras seis horas de discusión, una mayoría de 29 senadores de la ANR, PLRA, Patria Querida y Hagamos aprobaron el proyecto que aumenta hasta 10 años de cárcel la invasión de inmueble ajeno, pasando de ser delito a crimen.
Contados senadores del PLRA, y las bancadas del Frente Guasu y el Partido Progresista, en vano intentaron hacer entrar en razón a sus colegas, que no implicaría una solución de fondo a la problemática de la falta de acceso a las tierras.
“El que individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno será castigado con pena privativa de libertad hasta seis años”, establece el proyecto consensuado que modifica el Código Penal.
“Cuando la invasión, en el sentido del numeral anterior, se realizara con el objeto de instalarse en él u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno la pena privativa de libertad será hasta diez años”, forma parte de lo aprobado, y que ahora pasa a Diputados.
Antes de la sesión, el titular del Congreso, Óscar Salomón, había alegado que no era un tema urgente, y que se podía postergar para encarar un debate con todos los sectores.
Aunque en los dos pedidos de postergación, apoyó con su voto; en el momento de la aprobación acompañó, y hasta fue aplaudido por sus correligionarios. Prácticamente, dio la espalda a los que votaron por su reelección al frente de la Cámara Alta.
“Es un hecho grave que está conmocionando a la República del Paraguay”, refirió el proyectista Sergio Godoy.
“A diario venimos recibiendo a gente que claman y lloran por estar siendo arrebatados de sus tierras de años”, dijo.
El liberal Víctor Ríos sugirió a sus colegas revisar las modificaciones al Código Penal. “Se hicieron aumentos importantes de penas y como consecuencia no bajó el nivel de criminalidad. Aumentó el nivel de criminalidad y la sensación de inseguridad”, sostuvo contra el proyecto.
“Hay casos más graves que la invasión de la propiedad privada. Hay una jerarquía de valores que establece la Constitución”, manifestó.
“La propiedad privada es inferior a la vida. La vida pasaría a segundo plano”, advirtió el liberal.
“Las invasiones son un negocio. Utilizan tristemente a compatriotas para llenarse los bolsillos, bajo una falsa denuncia social”, indicó Fidel Zavala, de Patria Querida.
Enrique Riera (ANR) sugirió hacer un mea culpa, admitiendo que hubo también ocupaciones por parte de dirigentes de su propio partido, pero que supuestamente la ley dio lugar para que eso ocurra.
Sixto Pereira, del Frente Guasu, cuestionó a sus colegas que a toda costa intentaban justificar “una salida represiva a la situación social”.
“A toda esta gente le quieren mandar presa. ¿Esta es la solución que están planteando? Estamos hartos de la gente con poder y plata que se apropia de la propiedad pública; y de los fiscales y jueces corruptos”, sentenció Desirée Masi.
“La violencia lejos de disminuir va a aumentar. Le estamos echando más nafta al pueblo con esto”, criticó el liberal Enrique Buzarquis.
Su correligionario Abel González sugirió que se debata este tema después de las elecciones, alegando que hay mucha presión, y que la gente de los asentamientos tiene que ir a sufragar.
Hubo también una serie de cruces entre varios senadores, por posturas encontradas.
Las invasiones son un negocio. Utilizan tristemente a compatriotas para llenarse los bolsillos. Fidel Zavala, Patria Querida.
Hay una jerarquía de valores en la CN. La propiedad privada es inferior a la vida. La vida pasaría a segundo plano. Víctor Ríos, PLRA.