16 oct. 2024

Senado dará media sanción a ley que da más poder a la Contraloría

La Cámara Alta aprobará con modificaciones el proyecto que otorgará más herramientas a la Contraloría. Se evaluará si los informes serán vinculantes y si denuncias pueden ser anónimas.

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En comisión. Asuntos Constitucionales dio el visto bueno al proyecto que será analizado hoy.

GENTILEZA

Como primer punto del orden día de hoy de la Cámara de Senadores figura el proyecto para establecer el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.
Ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un dictamen de aprobación con modificaciones.

El proyecto cuenta con 21 artículos. Dispone la fusión de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) que será absorbida por la Contraloría General de la República.

El estudio de la ley se hará analizando cada artículo y ayer el titular de la comisión, Javier Zacarías Irún precisó que se mocionará la modificación del artículo donde mencione que las resoluciones de la Contraloría podrán ser vinculantes.

“Con eso no estamos de acuerdo porque se estarían convirtiendo en un órgano jurisdiccional es decir, le estarían quitando atribuciones al Ministerio Público y eso no está bien”, indicó el legislador cartista.

Asimismo, en la reunión de la comisión, el senador Eduardo Nakayama solicitó que se suprima la denuncia anónima.

El proyecto señala que para las denuncias anónimas, el sistema administrado por la CGR permitirá al ciudadano elegir esta opción y, al hacerlo, no conservará ningún dato que permita individualizar al denunciante y sobre este tema también se estará debatiendo en la sesión.

“El sistema penal paraguayo prevé la existencia de una pena por denuncia falsa. Si nosotros dejamos abierta la posibilidad de que cualquiera pueda denunciar de manera anónima, no va a existir responsabilidad por los dichos de uno”, agregó Nakayama. Este punto también fue modificado en el texto de la comisión de Legislación.

“No puede haber prejuzgamiento. La Contraloría es un organismo de control, vigilancia administrativa y creo que tiene mayor carrocería y mayor legitimidad para auditar los tres poderes del Estado”, indicó Nakayama sobre el apartado de las resoluciones vinculantes.

Asimismo, se refirió a la Senac como una secretaría de acción limitada por su dependencia al Poder Ejecutivo y eso le restaba legitimidad.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez manifestó que en la bancada de Honor Colorado hay criterios dispares, ya que algunos senadores quieren aprobar el proyecto sin modificar la cuestión vinculante. “La Contraloría tiene la potestad de enviar o no a la Fiscalía que es la institución que tiene que investigar todo el relevamiento que hizo la Contraloría”, dijo.

En cuanto a la denuncia anónima se podría modificar para que los datos de la persona sean protegidos. Manifestó su interés en que la Senac sea suprimida y aseguró que esta institución “blanqueó los robos que se hicieron durante la pandemia” y fue un “garrote” para otras autoridades como intendentes y gobernadores.

No puede haber prejuzgamiento. La CGR es un organismo de control y tiene mayor legitimidad para auditar los poderes del Estado. Eduardo Nakayama, senador.

Señalan medidas para prevenir la corrupción
Desde la Contraloría General de la República (CGR), Susana Aquino mencionó que el proyecto que crea el Régimen Nacional de Integridad se incluyó un artículo, específicamente el artículo tercero, que establece que la CGR podrá emitir resoluciones con carácter vinculante para los organismos alcanzados esta ley. “Este carácter vinculante se refiere a las reglamentaciones que la CGR implementaría para llevar a cabo medidas de prevención de la corrupción en el ámbito público”, dijo. Subrayó que estas medidas abarcan aspectos como la transparencia, la promoción de la prevención, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, entre otros. En cuanto a las denuncias ciudadanas, esta propuesta de ley establece que, al finalizar todo el proceso relacionado con dichas denuncias, se emitirán comunicaciones dirigidas al Ministerio Público. “Es decir, se concluye con la elaboración de un documento que detallaría los hechos denunciados, proporcionando un informe formal sobre las irregularidades reportadas”, refirió.

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