Hoy es un día clave para los fondos de jubilación en el Paraguay. El Senado tratará la ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones que tendrá a su cargo nada menos que disponer del dinero de los trabajadores aportantes y jubilados. Un proyecto impulsado por el Ministerio de Hacienda, siguiendo la receta de los gabinetes extranacionales del siempre artero y cuestionable Banco Mundial.
El documento cuenta con la aprobación de los diputados que ya condenaron nuestros fondos jubilatorios. Corresponde al Senado hacer justicia y rechazarlo. Pese a que hay un dictamen de comisión de aprobar con modificaciones y una minoría pidió el rechazo, los de la Cámara Alta pueden evitar el despojo a los trabajadores y a los beneficiarios de los sistemas previsionales.
¿Por qué decimos que hablamos de peligro? Porque la creación de una superintendencia de jubilaciones y pensiones con las facultades que atribuye la ley a quien ejerza el cargo es exponencial; aparte, la instancia se convertirá en un organismo que dispondrá de toda la plata de las cajas previsionales públicas, privadas y mixtas, y podrá disponer de ella. Esta situación constituye un gran peligro atendiendo que la intención del Gobierno es echar mano a plata sana, que no es suya, pero que existe.
La principal razón por la que el ido gobierno de Cartes envió el proyecto de ley al Parlamento fue justamente porque ya había embargado e hipotecado el futuro del país a tal nivel con los bonos soberanos, que no había ninguna otra manera de obtener más recursos para malgastar o distraer, porque ya había agotado el cupo de endeudamiento. Recibió mucha plata, pero la malgastó, buena parte no se sabe qué destino tuvo. El nuevo Gobierno, el de Mario Abdo, seguirá la misma línea y buscará gastar nuestra plata, la de los trabajadores y los jubilados. Un dinero que fue aportado por décadas por millones de personas para tener una vejez digna. Ahora ese fondo puede desaparecer y mandar al traste el futuro de esos millones de personas y dejar sin expectativas a otros millones que deben acogerse a la jubilación en los años subsiguientes.
A esto tenemos que sumar la otra recomendación del Banco Mundial: Elevar la edad de jubilación a 75 años, por encima de la expectativa de vida. Lo que en otras palabras es que la gente trabaje hasta morir sin que pueda disfrutar de sus aportes previsionales, no sin antes reducir el valor del pago por aporte. Si bien esto no está en la ley que se tratará hoy en el Legislativo, es la segunda parte del libreto. Lo que ahora están aplicando es la fase en donde el Gobierno usurpará, manoteará y robará el dinero para la jubilación, no solo de IPS, sino de todas las cajas que existen en el país, las del Estado, las municipales, las privadas, etc. Todo va a quedar en poder de una persona, un superintendente designado por el poder para “administrar”, usar y abusar del dinero nuestro, sin nuestro consentimiento.
En el Senado quieren hacerle algunos remiendos. Sin embargo, el problema no está en algunos artículos, el riesgo está en toda la normativa. Es decir, la inexistencia de ella es el mejor escenario.
El verso es que ayudará a mejorar los controles y el uso de los fondos. Lo que no dicen y está en las ambigüedades de la ley con media sanción es que buscan acceder a todos los fondos y dirigirlos para fines que no son la jubilación.
Está en riesgo el futuro...