25 nov. 2024

Senado define la ley de pensiones y habría votos para las modificaciones

La Cámara Alta estudia hoy en el tercer punto del orden del día la ley que crea una superintendencia que regule las cajas de jubilados; la tendencia de los votos es por la aprobación con modificaciones.

En vigilia.  Desde anoche un grupo de manifestantes ya acampa en la plaza frente al Congreso por el rechazo a la ley.

En vigilia. Desde anoche un grupo de manifestantes ya acampa en la plaza frente al Congreso por el rechazo a la ley.

En la Cámara Alta se define gran parte de la suerte del polémico proyecto de ley que busca crear la figura de una superintendencia de pensiones, que regule y verifique la sustentabilidad de las operaciones de las ocho cajas de jubilados que existen en el país.

La versión Diputados, que ya cuenta con media sanción, le otorga amplias facultades a la figura del superintendente de pensiones a la hora de sancionar a las cajas que incumplan los parámetros establecidos.

Por esta razón es que la tendencia en los votos en el Senado es por la aprobación del proyecto, pero introduciendo una serie de modificaciones respecto a los puntos más conflictivos que tienen que ver con la composición del consejo, las atribuciones del superintendente y los límites a las inversiones.

El presidente del Senado, Silvio Ovelar, ha expresado que acompañaría la aprobación con modificaciones e incluso manifestó estar de acuerdo con las propuestas de cambios al proyecto, que plantea el Partido Patria Querida (PPQ).

Otros referentes del Partido Colorado, como el senador Enrique Bacchetta, también se expresaron en el sentido de acompañar la versión del PPQ, que reduce las amplias competencias del superintendente y le da más poder al consejo asesor.

La facción del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), liderada por Blas Llano, estaría acompañando las modificaciones, mientras que otros referentes liberales, como el senador Víctor Ríos, van por la posición del rechazo total al proyecto.

La posición del senador Hugo Richer, del Frente Guasu, es la de rechazar el proyecto de ley, que a su criterio tiene muchas falencias que no podrán ser subsanadas con modificaciones. Consideró que lo mejor sería mandar al archivo esta iniciativa, abrir una mesa de diálogo entre el sector público y privado por un plazo de 90 días para presentar un proyecto consensuado.

Votos

Con respecto a los votos, desde los sectores sindicales dicen que tras el intenso lobby que han realizado en la última semana tienen el acompañamiento de 20 legisladores para el rechazo del proyecto de ley.

No obstante, esta cantidad de votos es insuficiente por lo que esperan conseguir los cinco votos que faltan a través de la presión ciudadana, que se traducirá en la manifestación que se espera hoy tanto en la capital como en el interior.

El senador del PPQ Sthepan Rassmusen manifestó ayer que cree que lo ideal sería que el proyecto sea aprobado con modificaciones, puesto que si se rechaza se corre el riesgo de que Diputados se ratifique en su versión.

“Ese sería el peor escenario, por eso hemos trabajado intensamente en estos días charlando con gente de las cajas, los gremios empresariales y sindicatos, tratando de subsanar todos los puntos conflictivos en la ley”, afirmó.

Modificaciones

En la versión que tiene media sanción de Diputados, el consejo asesor está conformado únicamente por el sector público, representado por el Ministerio de Hacienda, Banco Central y el Ministerio del Trabajo.

El superintendente tiene amplias facultades de control y sanción sobre las cajas y establece que el comité de inversiones sea el que defina los límites máximos de inversión por cada instrumento financiero.

La propuesta de modificación que planteó el Ministerio de Hacienda mantiene un consejo conformado solo por el sector público, pero amplía la participación del sector privado en el comité de inversiones. Además, crea la figura de un consejo consultivo que puede brindar recomendaciones u observaciones al consejo directivo.

El PPQ no tenía definido hasta ayer si el consejo asesor debe tener o no participación privada, pero sí propone disminuir la inversión que puedan hacer las cajas en bonos del Tesoro y elimina la inversión en letras de regulación monetaria del BCP.

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