Tras cuatro años de postergación y a un mes de su jubilación, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, fue destituido mediante juicio político. El acusado no estuvo presente durante su juicio.
Un total de 30 senadores votaron a favor de la destitución, mientras que siete se abstuvieron y ocho legisladores estuvieron ausentes.
Las abstenciones fueron de Antonio Barrios, Víctor Bogado, Abel González, Zulma Gómez, Silvio Ovelar, Blas Lanzoni y María Eugenia Penner Bajac. Mientras que no estuvieron Enrique Salyn Buzarquis, Patrick Kemper, José Ledesma, Juan Darío Monges, Juan Bartolomé Ramírez, Víctor Ríos, Óscar Salomón y Javier Zacarías Irún.
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El juicio político se reactivó este martes con los alegatos de la defensa, mientras que este miércoles, en sesión extraordinaria, el Senado decidió dar por culminadas las funciones del ministro del máximo organismo judicial.
El diputado colorado Ramón Romero Roa, en calidad de fiscal acusador, presentó los alegatos finales. El legislador defendió la legalidad del proceso y el respeto al debido proceso.
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Por su parte, la diputada Kattya González (Partido Encuentro Nacional), otra fiscala acusadora, aseguró que Sindulfo Blanco es un símbolo de lo que no se necesita en la Corte. “Se ha dedicado a implantar un sistema de mercantilismo judicial”, dijo.
En la presentación de la defensa, Jorge Bogarín, abogado de Blanco, había cuestionado la legalidad del proceso y consideró que se violaron las garantías de su defendido.
La mayoría de los miembros del Tribunal aseguró que todas las acusaciones fueron probadas y sostuvo que el acusado incurrió en mal desempeño de sus funciones y prevaricato.
Antecedentes
Varias son las acusaciones que se hicieron contra Sindulfo Blanco, entre las que figuran la pérdida de la honorabilidad y la dignidad, los fallos contra la Constitución Nacional y la ciudadanía, la declaración de certeza constitucional, la compraventa de tierras públicas y la ignorancia de la ley.
La continuidad del juicio político a Blanco se dio luego de cuatro años de que la Cámara de Diputados haya aprobado el proceso contra él, Óscar Bajac y César Garay. En el caso de Bajac, terminó yéndose del cargo por cumplir los 75 años, mientras que el enjuiciamiento a Garay es el que seguirá pendiente.
Fueron los senadores de Patria Querida quienes, apenas se inició el periodo legislativo, volvieron a insistir en la necesidad de finiquitar este juicio.
