La iniciativa prevé la asignación de hasta USD 300 millones, “cuyo instrumento de crédito para su validez deberá contar con la ratificación del Congreso Nacional”. Esta suma es superior a los USD 275 millones presentado en el estudio de factibilidad. Sin embargo, según dictamen del otrora Ministerio de Hacienda, el proyecto necesita una inversión total de USD 587.740.495.
El plan es criticado por la Coordinadora de Comisiones Vecinales de barrios por donde pasaría el futuro tren, organismo que objeta que la adjudicación se hará sin licitación, a favor de la empresa Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (Kind). Además, señalan que el proyecto no puede ser presentado por el Senado, sino por el Ejecutivo.
“Nadie está en disidencia con la necesidad de implementar el tren de cercanías, pero no de esta forma que garantiza con toda seguridad que esto será un supermega Metrobús”, advierte dicha coordinadora en un comunicado. Recuerda que la propia ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que la propuesta era un “producto enlatado”.
Fideicomiso. “En la supuesta ‘ley marco’, según las autoridades, absurdamente ya se establece un fideicomiso para el pago pertinente y a su vez se establece la obligación al Ministerio de Economía de estructurar un sistema de pagos por disponibilidad en dólares a favor del concesionario o subconcesionario (Art. 3 y 6 del Proyecto de Ley). Todo ello a favor del ente coreano”, indican las comisiones en el comunicado.
Insistieron que el entonces Ministerio de Hacienda, “en su dictamen vinculante por Ley, cuyo texto es público y tienen todas las Comisiones del Senado a las cuales se ha girado este proyecto, había formulado varios cuestionamientos, incluyendo el de su abierta inconstitucionalidad por la ausencia de licitación”.
También critican que el Paraguay se constituirá “en el único país del mundo en el cual la franja de dominio en zonas urbanas será igual a la de las zonas rurales (28 metros”. Exigen que el proyecto de ley no se apruebe, por ser “absolutamente ilegal e inconstitucional y lesivo a los intereses nacionales”.
