Concretamente, es la responsable de promover, primero, e impulsar luego las reglas que rigen el servicio exterior, luego de dos intentos. El primero, planteaba modificar solo algunos artículos de la Ley 1335 del Servicio Diplomático y Consular, desató gran polémica en 2019 y la confrontó con la Asociación de Diplomáticos Escalafonados, hasta que finalmente fue retirado.
Posteriormente, acompañada por sus colegas de la Comisión de Relaciones Exteriores impulsó otro proyecto, ya no para modificar, sino para reemplazar la Ley 1335/99 y “modernizar el servicio exterior”.
Entre el primer proyecto y el siguiente, la senadora formuló numerosos cuestionamientos sobre el manejo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), especialmente durante la administración del canciller Antonio Rivas Palacios. Había denunciado favoritismos, nepotismos y la existencia de claques en la institución, en detrimento de otros funcionarios. Y reivindicó el papel de los embajadores y cónsules políticos, es decir, ciudadanos designados en estos cargos sin pertenecer a la carrera diplomática. Se desató tal confrontación entre funcionarios del MRE, a favor y en contra del proyecto de ley, que el nuevo canciller, Julio César Arriola tuvo como primera tarea urgente, al asumir en mayo último, buscar un consenso con los funcionarios y presentar un texto alternativo al Congreso. Este finalmente fue aprobado y se halla en Presidencia para su promulgación o veto.
Otro proyecto impulsado por Samaniego, sancionado y listo para su promulgación, es el que establece entre las funciones de esta cartera del Estado rendir informes semestralmente a ambas Cámaras del Congreso sobre la gestión que desarrollan los embajadores en el exterior, así como el canciller nacional, los viceministros, los directores generales, entre otros.