Con 27 votos se impuso la propuesta original sobre siete rechazos y cinco abstenciones, principalmente de los patriaqueridistas. El documento pasa nuevamente a Diputados, donde en la última sesión se modificó el proyecto y se redujo el fondo de transferencias a menos de USD 1,5 millones.
Los patriaqueridistas Fidel Zavala, Stephan Rasmussen y Georgia Arrúa votaron por la abstención. Fueron los principales críticos al alegar que existe una histórica falta de control sobre la entrega de transferencias y que se presta nuevamente a la corrupción.
La bancada del Frente Guasu defendió la ratificación y expresó su molestia por la criminalización y estigmatización de los campesinos movilizados, al igual que el liberal Víctor Ríos, mientras que Desirée Masi refutó a los defensores de los cambios incorporados por los diputados, que argumentaron una mayor transparencia en la ejecución, y sin embargo establecieron compras públicas por la vía de la excepción.
MOVILIZACIÓN. Los campesinos levantaron en la tarde de ayer la movilización luego de soportar la tormenta en las calles y en los pasillos de los edificios. Llegaron en la noche del lunes en busca de la sanción del proyecto que en total destina USD 25 millones a la recuperación de la producción, pero la Cámara Baja dilató el proceso con modificaciones. El dirigente Félix Núñez, dijo que el grupo analizará si retorna la próxima semana a Asunción.
Tractorazo sigue en Asunción
Los medianos productores de Itapúa que llegaron a la capital el miércoles a bordo de sus maquinarias permanecerán en la Costanera de Asunción hasta la próxima semana, a la espera de una negociación concreta respecto a sus deudas.
“Nosotros vamos a estar pendientes de eso, porque no queremos caer otra vez en esa trampa de las ansias. Estamos tomando con pinzas todo”, dijo el presidente de la Unión de Gremios de Productores, Dany Matwjezuk.
Se refirió a la promesa que en el pasado les había hecho el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Explicó que el sector exige la compra de sus deudas por alrededor de USD 4 millones en total, pedido que está siendo analizado por las autoridades, entre ellas el ministro de la Unidad de Gestión de la Presidencia, Hugo Cáceres. El reclamo probablemente tenga como salida un proyecto de ley.