Con 32 votos de los 23 necesarios, el pleno del Senado decidió rechazar el veto del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a la ampliación presupuestaria de unos G. 20.000 millones a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y al Congreso, según establece el mismo proyecto de ley.
El principal fundamento para solicitar la ampliación obedece a la creación de TV Cámara, en el Senado, pero también la Cámara de Diputados incluyó sus pedidos.
El senador Juan Darío Monges aseguró que el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones al vetar totalmente el texto e incluir modificaciones. El Senado se ratificó en su versión y el texto pasa a la Cámara de Diputados.
En un principio, los senadores presentaron la propuesta en la que se establecía la creación de nuevos cargos y la contratación de personal de limpieza, así como aumentos para algunas comisiones legislativas.
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Sin embargo, en Diputados se plantearon varias modificaciones y aprobaron un fuerte incremento, con el fin de equiparar los salarios de los funcionarios.
El impacto final de estas ampliaciones sería de unos G. 40.000 millones para el 2023. El veto del Ejecutivo es por unos G. 12.000 millones, lo cual fue rechazado por el Senado.
Los senadores aseguraron que el Ejecutivo no puede realizar modificaciones a la propuesta de normativa, ya que este rol constitucional es del Legislativo.
Tras el rechazo del veto, el proyecto de ampliación presupuestaria será enviado a la Cámara de Diputados para su estudio.
Aumentos en Contraloría
La Cámara de Senadores también rechazó el veto total del Poder Ejecutivo a una ampliación presupuestaria para la Contraloría General de la República, que, según los legisladores, sufrió varios recortes durante el año.
Juan Darío Monges explicó que la Contraloría no cuenta con recursos suficientes para cumplir con su rol misional y parte de sus fondos fueron usados para la contingencia de la pandemia del Covid-19.
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Los aumentos estipulados son de más de G. 11.000 millones, de los cuales G. 10.000 serán exclusivamente para el pago de remuneraciones, bonificaciones y contratación de funcionarios.
El Poder Ejecutivo decidió objetar la ley, apuntando que “el 95% del total de recursos solicitados por la Contraloría va a ser destinado a cubrir gastos de servicios personales”.
La Cámara de Diputados ya había rechazado el veto, por lo que la ley queda sancionada y promulgada.
