Paraguayo Cubas solicitó a los demás senadores que se apruebe su desafuero, de manera a ponerse a disposición de la investigación por la quema del Congreso durante las protestas del 31M.
Su planteamiento fue tratado este jueves en la sesión ordinaria de la Cámara Alta. Un total de 35 parlamentarios votaron por la aprobación.
El senador por el movimiento Cruzada Nacional mencionó que no podrá resguardarse en la Constitución Nacional porque tiene cuatro causas abiertas y pendientes con la Justicia, aunque aclaró que no son por corrupción, robo ni tráfico de influencias.
Por su parte, Desirée Masi, en representación de la bancada del Partido Democrático Progresista (PDP), dijo que no acompañaban el pedido por considerarlo una “evidente persecución política a través de la Fiscalía”.
La senadora aseguró que acompañarán todos los pedidos de desafuero, siempre que no sean por este tipo de persecuciones.
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“No voy a participar de una injusticia. Los que estuvimos acá adentro (por el Congreso), todos sabemos que la intención era llevarnos procesados a nosotros también”, dijo.
Aseguró que todos los presentes aquel día fueron testigos de lo que ocurrió allí, y que en el circuito cerrado no se ve a Paraguayo Cubas causando ningún daño al edificio. Criticó que entre las pruebas de la Fiscalía haya aerosoles.
Antes de ser elegido como legislador, Cubas fue imputado por perturbación a la paz pública, junto con otras 20 personas, por la quema del Congreso Nacional ocurrida el 31 de marzo del 2017. El juez Gustavo Amarilla fue quien solicitó su desafuero.
Igualmente, el propio magistrado indicó que el parlamentario fue el primero en ponerse a disposición del Juzgado, antes de ser electo como senador de la República, y hasta julio firmaba el libro de comparecencias, como cualquier otro procesado.
Algo similar sucedió la semana pasada en Cámara Alta, cuando el mismo Enrique Salyn Buzarquis, de la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), solicitó que se le retiren sus fueros para que prosiga su investigación por supuesta usurpación de funciones públicas y lesión de confianza.