La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta ya dio su visto bueno habilitando a 12 de los 14 candidatos que se presentaron a una audiencia pública.
Prácticamente, quedan dos sesiones ordinarias más, y posiblemente una o dos extraordinarias, en medio del tratamiento del Presupuesto General de la Nación 2023, y el tratamiento de otros temas.
El proceso recién culmina una vez que los senadores conformen una terna, y los diputados elijan entre los 12 para la Defensoría Adjunta.
Dos de los postulantes, Juan Carlos Molas y María Elena Mereles, no se presentaron a la audiencia pública, y en el caso de Molas no presentó documentos originales.
Entre algunas de las propuestas que se plantearon, en el caso de Natalia Sosa Flores tiene que ver con la reestructuración del organigrama, y un enfoque en temas como niñez, indígenas y ambiente.
Carlos Talavera mencionó la necesidad de reposicionar a la Defensoría, y cuestionó que no se cuente con un portal de denuncias ciudadanas.
Luis Kunzle refirió que se tiene que ajustar un protocolo de denuncias para dar respuesta a la ciudadanía ante la vulneración de derechos.
Shirley Cantero se presentó como una representante de la Defensoría del Pueblo, específicamente de sus compañeras que denunciaron acoso y persecución por parte de Miguel Godoy, quien terminó renunciando ante un inminente juicio político.
Sugirió recuperar la institucionalidad y la confiabilidad ante los organismos internacionales para volver a contar con mayor cooperación.
Nelson Morínigo mencionó que se debería implementar la figura del ombudsman, que pueda ser un mediador entre empresas y funcionarios.
Santiago Torres sugirió que la función de la Defensoría debería centrarse en ser el puente de comunicación entre los sectores más vulnerables y del Estado, además de llegar a los 17 departamentos.
Óscar Ayala hizo referencia a su trayectoria de 25 años como defensor de los Derechos Humanos, y que se dedicaría a desarrollar un espacio institucional que pueda abocarse a políticas con relación a pueblos indígenas.
Édgar Villalba se jactó de haber ocupado por 14 años el cargo de defensor adjunto, y de la experiencia adquirida.
Al ser consultado sobre los logros obtenidos mencionó dos amparos presentados para impedir una huelga de transportistas, y otra para permitir que los paraguayos que están en el exterior puedan ingresar al país para poder votar.
Miguel Ortiz también hizo referencia a la necesidad de una descentralización; mientras que Osvaldo Battilana alegó que ya fue calificado en Ypacaraí como defensor del Pueblo. Carmelo Núñez dijo que hace falta mayor presupuesto, y María Romero sostuvo que se precisa un sistema más eficiente.