El senador Fidel Zavala, de Patria Querida, deberá presentarse este lunes, a las 08:00, ante la jueza de la Niñez y Adolescencia, María Graciela Fernández, en una de las causas que tiene en los Tribunales.
La cita es en el caso de ofrecimiento de asistencia alimenticia que planteó el legislador, luego de la demanda por reconocimiento de filiación que planteó la madre de un niño, al que se le realizó la prueba de ADN.
El congresista Fidel Zavala fue sometido, el pasado 26 de julio, a la prueba de ADN que confirmó que existe un 99,999% de probabilidad de paternidad en la demanda por reconocimiento de filiación que le hicieron.
Ante esto, el legislador había promovido la demanda donde ofreció la suma de diez millones de guaraníes en concepto de asistencia alimenticia para el niño.
Sin embargo, la madre de la criatura rechazó los G. 10 millones ofrecidos, y solicitó que en forma provisoria se fije la suma de G. 20 millones mensuales, y en forma definitiva, que la asistencia sea de G. 40 millones.
Ante esto, y tras el fracaso de la mediación, donde no asistió el legislador, finalmente, ahora, la jueza Fernández cita a las partes para ver la posibilidad de una conciliación; caso contrario, deberá resolver la magistrada.
Hasta ahora, el legislador no asistió a los tribunales. Su abogado se había presentado a la demanda de reconocimiento de filiación, cuando se enteró por la prensa de su presentación.
Así, el mismo legislador pidió que se realizara la prueba de ADN, a la que se sometió sin ningún tipo de contratiempos.
La demandante reconoció en su demanda que fue asistida por el legislador durante el embarazo y el parto, aunque el senador se negó a reconocer a la criatura.
Es por eso –según dijo– que se decidió a presentar la demanda por reconocimiento de filiación.
DISCUTIDO. Zavala actualmente se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que, juntamente con los senadores Enrique Riera y Sergio Godoy, había presentado el discutido proyecto que aumenta las penas para la invasión de inmueble ajeno.
El proyecto –aprobado por ambas Cámaras y ya promulgado por el Poder Ejecutivo– eleva las penas a 6 años y a 10 años de cárcel por la invasión de inmueble ajeno.
Justamente, cuando se trató el proyecto ante la Cámara de Diputados, el pasado miércoles, se manifestaron los indígenas, donde hubo hechos de violencia, quema de vehículos, entre otros.
